El Consell muestra su satisfacción porque la UE ha aplazado las medidas de la política pesquera común

El Consell ha mostrado su satisfacción porque la presión ejercida por la Comunitat Valenciana junto al Gobierno de España ha permitido modificar la propuesta inicial de la Comisión Europea sobre la reforma de la Política Pesquera Común (PPC), y aplazar la puesta en marcha de medidas como los rendimientos máximos sostenibles o los descartes, lo que da un margen al sector para su adaptación. El acuerdo alcanzado por los ministros de Pesca de la Unión Europea se acerca más a la realidad de las pesquerías de carácter artesanal y costero que se practican en el litoral de Comunitat Valenciana.

El acuerdo, entre otras cuestiones, aplaza al menos cinco años la implantación de unos rendimientos máximos sostenibles de existencias pesqueras en los distintos caladeros. En este punto, la Comunitat Valenciana había reclamado un periodo transitorio mayor al planteado en el documento inicial de reforma, que lo fijaba en 2015, para la adaptación de la flota, atendiendo al tipo de pesquerías mixtas que se llevan a cabo en el Mediterráneo, donde además pescan flotas de países no europeos y que por tanto no se someten a las mismas reglas que nuestro sector.

En cuanto al sistema de derechos transferibles, que implica el establecimiento de cuotas que se pueden comprar y vender, éste quedará como una medida de carácter voluntario que deberá adoptar, en su caso, cada Estado miembro. El Consell va a seguir defendiendo ante el Gobierno de España que no se implante en el Mediterráneo dado que podría romper el actual sistema de cofradías.

Asimismo, se pospone la supresión de los denominados 'descartes' y su aplicación se producirá de manera progresiva para facilitar la adaptación de la flota a las nuevas reglas y no tener que hacer frente en este momento a fuertes inversiones, e incorporando las características de las pesquerías mixtas.

Por otro lado, la Generalitat mantiene su exigencia de que la PPC se dote con un presupuesto suficiente, cuyo debate se ha dejado para octubre, que permita un desarrollo armónico y no traumático de los nuevos reglamentos para que su impacto en la flota no sea negativo.