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FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

El Consell pierde 281 millones del IVA de 2017 por no ir al Supremo

El Gobierno valenciano renunció a ir por la vía de los tribunales, como sí lo hizo Castilla y León, perdiendo la posibilidad de recibir el dinero

La presidenta del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha lamentado que el Gobierno valenciano dejase perder ese dinero en un momento en el que "vendría muy bien para que la hostelería, la restauración y el ocio pueda sobrevivir a la pandemia"

REDACCIÓN - 28/04/2021

Tribunal Supremo/EPDA

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso presentado por la Junta de Castilla y León y ha obligado al Estado a pagar a esa comunidad los 182 millones que se le adeudan de la liquidación del IVA del 2017, con 120,5 de forma directa y 61,5 más del nuevo cálculo de la variación de los ingresos tributarios del Estado.

Según ha explicado la Consejería de la Presidencia de la Junta este martes en un comunicado, la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León ha recibido la notificación de esa sentencia del Supremo, de fecha 19 de abril de 2021, "la primera dictada en España al respecto".

En este mismo sentido, la Comunitat Valenciana podría haber recibido 281 millones de euros, en un momento en la que la región se encuentra asfixiada por la infrafinanciación, ya que la cifra que el Estado deberá pagar a Castilla y León se corresponde al mismo concepto por el que el Gobierno valenciano reclamaba 281 millones al Gobierno central. Sin embargo, el Consell renunció a ir por la vía de los tribunales, como sí le aconsejó el PP, perdiendo así su posibilidad de recibir el dinero.

La presidenta del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, denunció ayer la pérdida de los 281 millones del IVA "que nos debe el Gobierno de Pedro Sánchez por dejación de funciones de Ximo Puig". Un dinero que, según la presidenta popular, "vendría muy bien para que la hostelería, la restauración y el ocio pueda sobrevivir a la pandemia".

En cualquier caso, la sentencia que da la razón a la Junta de Castilla y León abre la puerta a que la Comunitat Valenciana pueda solicitar los 281 millones de euros que el Estado dejó de pagarle.

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