El Consell somete a información pública el anteproyecto de Ley por la Función Social de la Vivienda

La Conselleria de Vivienda Obras Públicas y Vertebración del Territorio que dirige María José Salvador ha abierto el periodo de consultas y participación pública del anteproyecto de Ley por la Función Social de la Vivienda de la Comunitat Valenciana. En la página web de la conselleria (www.citma.gva.es) se puede descargar el texto del anteproyecto y se ha habilitado un correo electrónico (lleifunciosocialhabitatge@gva.es) para que la ciudadanía pueda hacer las aportaciones que crea oportunas a este texto legislativo que tiene como objetivo garantizar el derecho a una vivienda asequible, digna y adecuada.

Igualmente, se someterá a consulta formal de los colegios oficiales de abogados, Diputaciones, Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y Consejo Asesor de Vivienda y de cualquier otra entidad y colectivo que se considere oportuno, como universidades, asociaciones afectadas, etc. Desde la Dirección General de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la conselleria se remitirá una invitación a estas entidades a hacer sugerencias y aportaciones a la ley con un plazo de treinta días.

Por último, también se enviará al Consejo Económico y Social y al Consell Jurídic Consultiu para que realicen sus respectivos dictámenes. Una vez cumplidos todos estos trámites, el texto se elevará de nuevo al Consell para su aprobación.

La vivienda como un servicio de interés general

La Ley por la función social de la vivienda de la Comunitat Valenciana tiene como objetivo hacer efectivo el derecho a la vivienda digna, adecuada y asequible, y, con esto, el texto sitúa a la Comunitat Valenciana entre las sociedades más avanzadas en el desarrollo y la garantía de este derecho, vinculando la propiedad a la función social de vivienda. Esta nueva norma concibe la vivienda como un servicio de interés general y aproxima el derecho de la vivienda a los pilares básicos del Estado de Bienestar, tras la sanidad, la educación o la dependencia.

Para garantizar el derecho a la vivienda, el anteproyecto establece diferentes medidas como la de que la Generalitat dotará a los presupuestos de fondos económicos para ampliar y mejorar el parque público de viviendas. La Conselleria de Vivienda deberá, en un plazo máximo de dos años, desarrollar un plan plurianual de rehabilitación y ampliación del parque público, que incluirá la adaptación de un 10% de las viviendas para personas con diversidad funcional.

Medidas contra los procesos de desahucio

Ante procesos de desahucio de vivienda habitual, por imposibilidad de hacer frente al pago de las cargas hipotecarias o de alquiler, se pondrán en marcha medidas que posibiliten la continuidad en el inmueble, aunque estas medidas, como se solapan con otras adoptadas por el legislación estatal, se podrán aplicar cuando acabe su vigencia en mayo de 2017 o se derogue la ley.

Por otro lado, la Generalitat suscribirá convenios de colaboración para incrementar la oferta de viviendas y dar respuesta de alojamiento a personas o familias en situación de vulnerabilidad. En la apuesta por un modelo descentralizado en las políticas de vivienda, se incentivará a los entes locales para que se impliquen y suman esfuerzos para fortalecer al máximo la red de protección de personas más desfavorecidas para que nadie se quede sin vivienda.

Movilización de las viviendas vacías

La Ley prevé que la Administración actúe para evitar la prolongada desocupación de las viviendas de manera injustificada para poder satisfacer las necesidades habitacionales, sobre todo, de los colectivos con mayor vulnerabilidad. Hay que recordar que el 15% de las viviendas de toda la Comunitat Valenciana están vacías, según las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística, lo que supone unas 500.000.

Para procurar que se cumpla la función social de la vivienda, las administraciones desarrollarán medidas de fomento, como ayudas públicas para el alquiler para personas y unidades familiares con ingresos bajos donde el coste no supere el 30% de los ingresos. También se constituirán ayudas para facilitar el acceso a la vivienda de varios colectivos y contra la pobreza energética, para garantizar los suministros básicos de luz, agua y gas.

El alquiler se fomentará con medidas de estímulo para que los propietarios privados ofrezcan en alquiler sus viviendas a personas y familias con dificultades para acceder a la oferta de vivienda (con ingresos inferiores a 4,5 IPREM).

De igual manera, se promoverá el Alquiler Solidario. Los propietarios privados podrán hacer una cesión de la vivienda a la Generalitat, que dispondrá de ella para su alquiler durante un período máximo de seis años. El propietario cobrará una renta a cambio de que su vivienda esté en condiciones y en uso, y la conselleria se encargará de realizar el estudio económico y la rehabilitación que repercutirá en el propietario.

La Generalitat ofrecerá servicios de mediación social en materia de vivienda, pobreza energética y derechos de los ciudadanos para evitar que pierdan su residencia habitual y permanente cuando pasan dificultades económicas.