El Consorcio de Residuos se reúne con los municipios de La Costera, La Canal de Navarrés y el Valle de Ayora-Cofrentes

Vicente Parra, presidente del Consorcio en una reunión en Gandia. FOTO EPDA

La reunión de esta tarde se ha dividido en dos partes. En la primera, el Presidente del Consorcio Vicente Parra, explicará la normativa vigente en gestión de residuos urbanos, las mejoras ambientales y económicas que supone esta nueva forma de gestión y las instalaciones previstas en el Plan Zonal. Asimismo, se abordará el inminente inicio del servicio del consorcio y sus implicaciones para los municipios y ciudadanos. Tras la exposición, se abrirá la segunda parte con un turno de preguntas a fin de solventar las dudas y recoger aportaciones.

Inicio de los servicios del Consorcio

El Consorcio de Residuos se constituyó en julio de 2005 para gestionar de forma ágil y eficiente los residuos urbanos del Plan Zonal X, XI y XII, área de gestión 2. El nuevo modelo de gestión de residuos impulsado desde Europa, España y la Comunitat Valenciana, a través del PIR97 (Plan Integral de Residuos) y los Planes Zonales, implica que cada área geográfica sea capaz de resolver por sí misma el problema de los residuos.

En este marco legal, el próximo 1 de julio este Consorcio asumirá las competencias legales de los 93 municipios incluidos en este Plan Zonal en materia de transferencia, valorización y eliminación de los residuos urbanos. A partir de esta fecha, los ayuntamientos del Plan Zonal, sean o no miembros consorciados, limitarán sus competencias a la recogida y transporte hasta la planta de transferencia. Al mismo tiempo, los municipios tendrán que adecuar sus tasas en materia de residuos y dejar de imputar el coste del tratamiento. Así pues, el ciudadano recibirá dos recibos, uno, del Ayuntamiento, por la recogida y el transporte hasta la planta de transferencia y otro, que contemplará los nuevos servicios e instalaciones para la transferencia, transporte de residuos a planta, valorización y eliminación de los residuos. Asimismo, la entrada en vigor de las competencias supondrá la obligatoriedad legal de realizar la transferencia, valorización y eliminación en las infraestructuras habilitadas a tal fin.