El deber de lo público

No existe rango, cargo ni estructura que justifique situarse por encima de normas que ordenan la convivencia democrática. La función pública no es un privilegio, es un servicio al administrado, una responsabilidad cuyo propósito esencial es garantizar que recursos y derechos de todos se gestionen con rectitud, transparencia y rigor. 

Son los ciudadanos y las empresas quienes aportan esfuerzo económico con la expectativa legítima de que, éste, se traduzca en servicios públicos eficaces en campos como la educación, sanidad, justicia, seguridad o inversiones productivas e infraestructuras necesarias. Esfuerzo, fruto del trabajo y confianza colectiva, que no puede convertirse en excusa para desviaciones, abusos o arbitrariedades de quienes se confieren el rango de representarnos.

En una sociedad moderna, los contribuyentes no somos súbditos ni siervos, ni estamos obligados a tolerar conductas impropias bajo la retórica del mantenimiento del Estado social o de la Democracia. Cada euro público y cada acción de un poder público, o de sus funcionarios, tiene un destino legítimo y verificable. Cualquier desviación hacia intereses particulares, caprichos personales o usos improcedentes no sólo erosiona la confianza institucional, sino que ataca los cimientos mismos del contrato social.

Del mismo modo, en un Estado democrático es imprescindible preservar el respeto hacia quienes administran justicia. Jueces quienes, por su trayectoria profesional y por los mecanismos de control que rigen su labor, están llamados a resolver conforme a Ley y al análisis objetivo de hechos y de la prueba. La extensa jurisprudencia existente, fruto de décadas de decisiones motivadas y revisables, avala esa función imparcial y garantiza que nadie pueda ser condenado ni exonerado por razones ajenas al derecho.

Fortalecer lo público exige recordar ciertas premisas:

– que el poder se ejerce para servir al administrado, no para servirse ni para servir intereses políticos o espurios de terceros;

– que el marco de la ley, con sus tolerancias, es el límite inquebrantable para todos;

– que el dinero de los ciudadanos no es patrimonio de nadie y menos de ninguna “casta”;

– y que la justicia, para ser respetada, debe permanecer libre de presiones, prejuicios y oportunismos, obrando con imparcialidad.

Por mucho que le pese a unos cuantos, la regeneración institucional no se construye con discursos, sino con ejemplaridad, responsabilidad y verdadero compromiso con el bien común. Ese, y no otro, debería ser siempre el deber de lo público.