El dinero público que se va por el sumidero de Castellón

El coste de las desaladoras de Oropesa-Cabanes y de Moncófar es de 116 millones de euros y los convenios municipales firmados con ACUAMED S.A. dejan en la penuria económica a dichos Ayuntamientos ante el inasumible coste del agua. Por lo tanto, estas infraestructuras son actualmente innecesarias y están infrautilizadas. 

La plataforma-almacén submarino CASTOR en Vinaròs tuvo un coste de 1.193,5 millones de euros a 31/12/2011, un 89,54% más de lo previsto. El Gobierno socialista, a diferencia de lo que hizo en la planta de Brihuega (Guadalajara), incluyó una cláusula abusiva en la que se garantizaba la devolución  de la inversión a la concesionaria en caso de reversión; empiezan a inyectar gas y se producen más de 500 movimientos sísmicos. En 2014 se dispone el cierre y la hibernación de la planta con un coste anual de 15,7 millones de euros. La OCU señala que la factura de este desastre será de 4.731 millones de euros. El Gobierno acaba de aprobar la emisión de deuda pública para su pago. Por cierto, de la hibernación se encarga ENAGAS S.A. en su Consejo de Administración José Montilla, Ministro de Industria en el 2006, dijo “el Proyecto Castor es urgente, necesario y prioritario”. 

Con estos dineros y otros muchos, tirados por el sumidero de Castellón, pensemos en los servicios públicos que no tenemos y podríamos tener. Si lo calculamos, nos servirá para no dejarnos encasillar y empezar a penalizar tanto despropósito.