El encarcelamiento de Sancho y el 24M abren un tiempo nuevo en Canet d'En Berenguer

El encarcelamiento de José Antonio Sancho Sempere en Picassent, donde hoy cumple 29 días sin fianza, ha supuesto el fin del sistema organizativo imperante en el Ayuntameinto de Canet d’En Berenguer desde hace más de 30 años. Este acontecimiento histórico, unido a las elecciones municipales del 24 de mayo, abren un tiempo nuevo en Canet d’En Berenguer.

José Antonio Sancho no era sólo el secretario municipal del Ayuntamiento. Aunque la justicia tendrá que determinar hasta qué punto ha construido un presunto entramado delictivo en diversos Ayuntamientos -Canet, La Pobla de Farnals o San Antonio de Benagéber, donde es abogado desde que se segregó de Paterna-, lo cierto es que en el Consistorio de Canet todos los funcionarios y muchos vecinos, lo consideraban como el ‘‘alcalde en la sombra, con un poder muy superior a su cargo’’, rememora un funcionario, que prefiere mantenerse en el anonimato ‘‘porque todavía queda mucho por saberse y aquí son muchos los estómagos agradecidos’’.

Con sus dos hijos en sendos departamentos claves, como el de Contratación -junto a Salvador Vidal, su persona de confianza, ‘‘quien ha estado siempre a su lado, el que le hacía los recados y quien siempre estaba en las reuniones más jugosas’’- y la jefatura de la Policía Local, el Consistorio había cedido otra cuestión clave: la defensa jurídica, en manos de la Academia Valenciana de Juristas, un ‘‘chiringuito’’ de Sancho, en palabras del Fiscal Anticorrupción, utilizado supuestamente para ‘‘saquear’’ aquellas administraciones donde prestaban sus servicios, normalmente después de polémicos concursos públicos.

Junto a lo servicios jurídicos, los de recaudación también están en el punto de mira, pues se encarga desde el año 1996 con un contrato a dedo y renovado hasta la fecha sin ningún concurso público, con intereses de cobro muy superiores a los de la Diputación y otras firmas similares.

Se da la circunstancia de que ha tenido hasta el año pasado como socio a un funcionario de la casa, hijo a la sazón del administrador único de Recaudaciones Levantinas SL. El funcionario logró plaza de administrativo en 2009, siendo presidente del tribunal el secretario municipal, José Antonio Sancho Sempere, al mismo tiempo que era nombrada funcionaria una de las hijas de éste.

Tras estallar el escándalo del ingreso en prisión de Sancho, el alcalde, Leandro Benito, se ha apresurado a anunciar que se van a revisar y sacar a concurso público todos los contratos polémicos que ha venido publicando El Periódico de Aquí, incluyendo también el del arquitecto municipal.

Junto a la detención de Sancho, otro acontecimiento decisivo para iniciar un nuevo periodo en la localidad es el de las elecciones municipales del domingo 24 de mayo, cuando se presentan más partidos que nunca, con una previsible fragmentación del voto.

La localidad tendrá que elegir entre formaciones históricas con políticos que llevan varias legislaturas -como Leandro Benito por el PP, Ximo Pons por Compromís y María Amor Uviedo por EU-, otras formaciones clásicas como el PSPV-PSOE que presenta a un candidato desconocido para la mayoría tras la batalla que ha eliminado a Pere Antoni como candidato, o IPC, donde el ‘tapado’, Carlos Sáez, ha decidido dar la cara para intentar ser decisivo en la formación del próximo gobierno, tras el apadrinamiento del secretario municipal encarcelado. Junto a éstos, tres nuevos partidos, como Podemos, Ciudadanos y Agrupación CANET -liderada por Chimo Rambla-, intentarán aprovechar la situación atípica para conseguir representación.

Todo ello en un contexto en el que el encarcelamiento de quien tuvo un enorme poder en el Ayuntamiento puede tener consecuencias futuras, en especial para alcaldes y concejales con firma delegada.

Una trama que puede afectar a políticos y funcionarios de varios municipios

La investigación que ha llevado a la cárcel sin fianza al ex secretario municipal de Canet d’En Berenguer, José Antonio Sancho, podría alcanzar a numerosos políticos, funcionarios y empresarios de varios municipios. Según ha podido saber El Periódico de Aquí, el ‘modus operandi’ pasaría por la realización de trabajos inexistentes o con presupuestos inflados económicamente para ‘saquear’ diversas administraciones públicas, que irían desde Ayuntamientos hasta empresas públicas de algunas localidades e incluso de la Diputación. Según fuentes judiciales, la investigación podría acabaar imputando a alcaldes y concejales de dichos municipios, así como empresarios con firmas que realizaban facturas falsas o muy elevadas, así como funcionarios.