El equipo de gobierno socialista de Torrent solicitó el pasado 18 de
diciembre a Conselleria de Medi Ambient el desmantelamiento y cierre de la
planta de valorización y demolición de recursos, situada en la parcela 13 del
polígono 31 de Torrent, y propiedad de la empresa Gestión Medioambiental de
Residuos GEMERSA S.A., atendiendo así a las numerosas quejas recogidas de
vecinos de la zona que seguían denunciando vertidos y los fuertes olores del
fuego latente en las montañas de residuos, además de recordar graves incidentes
como el incendio del 27 de marzo de 2014, que podían volver a producirse.
Pese a que ya
se habían iniciado los pasos por parte del Ayuntamiento de Torrent, en el pleno
ordinario de ayer jueves 14 de enero se acordó por unanimidad llevar a cabo
esta reclamación ya realizada, además de que no se inicie de nuevo la actividad
en esta ubicación si una serie de informes técnicos así lo determinan.
El cese de la
actividad tuvo lugar después de que la empresa mercantil no presentara la
comunicación previa requerida de inicio de actividad. También modificó las
condiciones de autorización ambiental integrada sin la correspondiente
legalización, según consta en la resolución de la Conselleria de Medi
Ambient de 25 de noviembre de 2014. Respecto a este punto, Inma Amat aprovechó
la sesión plenaria para lanzar una pregunta a los concejales responsables del
Partido de Popular de Torrent, quien gobernaba en la ciudad cuando inició su
actividad la planta el 25 de abril de 2008 bajo el mandato de Maria José Catalá,
acerca de cómo era posible que se pusiera en funcionamiento una actividad tan
delicada y peligrosa en nuestra ciudad sin supervisar que todo estuviera en
regla. Una pregunta que recibió el silencio por respuesta desde la bancada
popular, encabezada ahora por la ex alcaldesa Amparo Folgado.
Así, en el
escrito firmado por la concejala de Medio Ambiente, Inma Amat, se solicita a la Conselleria que ejerza
las competencias de inspección y sanción que le otorga el artículo 77 de la Ley 6/2014 de 25 de julio, de la Generalitat y, si
procede, que incluya las medidas que regula el artículo 47 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre,
de la Generalitat,
que obliga a esta Administración autonómica, en casos de incumplimiento por
parte del titular, a ejecutar de forma subsidiaria la reparación de daños
medioambientales causados por el infractor, la revocación de la autorización
ambiental integrada, así como la clausura definitiva de las instalaciones.
La planta de
GEMERSA es un ejemplo más de la mala gestión –en este caso medio ambiental- de
la época del Partido Popular, un grupo político con personas más preocupadas
por hacerse la foto de inauguración que por llevar un control correcto de la
actividad con sus correspondientes inspecciones.
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