El fiscal asegura que Sancho Sempere creó el chiringuito para ayudar a inmigrantes ''para su propio beneficio''

El juicio por el Caso Pangea -el supuesto desvío de una subvención de la Junta de Andalucía dedicado a inmigrantes a través del chiringuito que el fiscal cree que fue creado ''para su propio beneficio''-, visto para sentencia. La Fiscalía pide 7'5 años de cárcel al ex secretario de Canet d'En Berenguer y el ex concejal Carlos Julián por estafa, delito de falsedad en documento mercantil y oficial y blanqueo de capitales. Finalmente, el fiscal ha retirado los cargos a la mujer del ex edil, Adoración Zamora. La empresa del ex edil hizo una factura para justificar una subvención de más de 23.000 euros de la Junta de Andalucía destinada a inmigrantes.

El chiringuito del ex secretario de Canet no tuvo escrúpulos a la hora de justificar la subvención de la Junta, asegurando haber atendido a 342 hombres y 220 mujeres. Sin embargo, en el juicio no pudieron acreditar los acusados dónde se había realizado supuestamente esa supuesta ayuda a los más necesitados, puesto que ni en la calle Navellos, sede de la empresa fantasma, ni en ningún punto de Andalucía se hizo. Sancho y la defensa de Carlos Julián intentaron convencer al tribunal de que el Consorcio estaba implantado por el Arco Mediterráneo y que los 'agentes' eran los concejales y técnicos de Servicios Sociales, pero no aportaron ninguna prueba al respecto.

El fiscal en sus conclusiones defendió que habían cometido todos esos delitos. En cuanto a la estafa, señaló que Pangea ''se creó para captar subvenciones'', como efectivamente llegó a reconocer en un momento del juicio Carlos Julián. Pero el fiscal señaló que ''Pangea siempre ha estado dirigida por Sancho. De hecho, la única cuenta bancaria estaba a nombre de Sancho Sempere. Entendemos que la Asociación no tenía actividad. En la investigación de la Guardia Civil, el volcado de un disco duro en el despacho de Sancho aparecer tres facturas que se asemejan en fechas de la subvención, se trae el expediente de la Junta de Andalucía y es cuando se encuentra la maniobra. Sancho se comprometía con los inmigrantes de Andalucía, dice que tiene 21 personas, pero ese personal jamás existió. Dice que se había pedido tres presupuestos para material informático pero es falso. Los destinatarios dicen que eran 6 hombres y 14 mujeres en Andalucía, pero no tenían allí ni sede ni local, porque nunca hubo intención de realizar actividad. ''Dicen que han atendido a 342 hombres y 220 mujeres. ¿Dónde? En la calle Navellos no y en Andalucía tampoco''. ''Era un engaño, el dinero era para su propio beneficio''.

Respecto al delito de falsedad documental, el fiscal acusa a Soluciones Dexfor de hacer una factura falsa para justificar la petición de subvención a la Junta de Andalucía. ''La recepción de material no es acreditable, sí que a la Casa de los Llanos se llevó algo tasado en 49 euros''.

Finalmente, el fiscal observa el delito de blanqueo de capitales, puesto que ''se inventan una factura de Millera por supuestos informes jurídicos'' basándose en un contrato firmado de 2007 a 2011, ''que tampoco se ha aportado al procedimiento, ni se ha visto ningún procedimiento judicial de Millena. La defensa trae como estigo a una persona que dice que la familia Zaera tenía un pleito de tierras en Marbella, pero nada tiene que ver con Dexfor, ni tampoco hay ningún pleito. Si la empresa tenía una mala situación hasta 2015, ¿por qué se paga en 2011? Porque había que retornar el importe de la Asociación. El señor Zaera era presidente del Consorcio y sabía que no había nada y el alcalde ya dijo en este juicio que no quiso ser presidente porque no lo veía claro''.

La defensa de Carlos Julián pidió la absolución en su declaración final, alegando un defecto de forma en el juicio, al haberse notificado los delitos el 20 de abril de 2017, además de asegurar que en cualquier caso, estarían todos prescritos. Sancho, que volvió a defenderse a sí mismo y a sacar de juicio al tribunal al despedirse citando a Pío Baroja -'no son los sabios, sino los inocentes los que resuelven las causas difíciles'-, pidió la absolución para sí mismo al acusar de nuevo a la Guardia Civil de haber ''falseado'' los informes que lo incriminan en la presunta trama creada para lograr subvenciones destinadas originariamente para inmigrantes pero en realidad utilizadas para enriquecimiento personal. En su alegato final, Carlos Julián -con un ejemplar de El Periódico de Aquí mostrándolo al tribunal-, no aportó nada nuevo, por lo que fue reprendido por el presidente del tribunal, al denunciar la ''humillación de mi esposa, que se podía haber evitado, la presunción de inocencia no se ha tenido en cuenta y se han causado daños irreparables'' y se quejó de que ''no veo proporcional que se pidan 7 años de cárcel y 40.000 euros. No veo el principio de proporcionalidad por ningún lado'', llegando a citar a las penas que le solicitan al ex presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y recordando que el primer presidente del Consorcio Pangea -el chiringuito que controlaba Sancho desde la calle Navellos de Valencia- fue el ex alcalde de Canet, el socialista Octavio Herranz.

(Paripé para que la empresa de Carlos Julián se lleve un suculento contrato del Ayuntamiento)

La segunda jornada de juicio contó con varios testigos de la defensa de los acusados, como María Isabel Jiménez -saguntina que ya testificó en el juicio en el que Sancho fue condenado por sobornar a la ex alcaldesa de La Pobla de Farnals, asegurando que Sancho le había prestado dinero- o Alberto de Haro, ex empleado de Soluciones Dexfor, empresa de Carlos Julián que realizó una factura por material informático que la Fiscalía y la Junta de Andalucía consideran que fue falsa para justificar la subvención de más de 23.000 euros recibida del gobierno andaluz para asesorar supuestamente a inmigrantes en 2010.

Jiménez, especialmente nerviosa, dijo haber trabajado 4 meses para Pangea. Recordaba perfectamente que Alberto de Haro llevó cuantioso material informático y que le montaron a ella y a Gema Pedrós sendos ordenadores, pero su memoria no era tan buenas ante las preguntas del fiscal. No recordaba cuándo finalizó su contrato, ni el día que firmó el albarán de entrega de material -''acabo de salir del hospital y no me encuentro bien, bastante que estoy aquí'', le dijo al fiscal-. A preguntas de la Junta de Andalucía, la susodicha dijo no recordar si trabajaban en Pangea 10 diplomados, 8 licenciados, un bachiller y dos licenciados en derecho, como se incluía en la documentación presentada en su día ante la Junta para solicitar la subvención. ''En la calle Navellos trabajaba yo. Si había más gente, no lo sé. Había más gente que pasaba, Obeso y Gema y gente que pasaba'', dijo. La defensa de Carlos Julián y el propio Sancho intentaron convencer al tribunal de que Pangea contaba con 40 administraciones integrantes con los concejales y técnicos de Servicios Sociales y que era en las mismas donde se daba asesoramiento a los inmigrantes. El fiscal y la acusación particular de la Junta de Andalucía preguntaron por la sede que la ONG sin ánimo de lucro debería haber tenido en Andalucía y Sancho y el abogado de Carlos Julián insistieron una vez más que la sede debía haber estado en el Ayuntamiento de La Mojonera, pero éste se salió del Consorcio antes. El trabajo de Jiménez en Pangea era, según su propio testimonio, ''el archivo y busca de subvenciones. No encontré nada''.

El otro testigo, Jesús de Obeso, por segunda vez no compareció. Quien sí fue fue Alberto de Haro, empleado de Soluciones Dexfor que aseguró haber llevado todo el material informático que aparece en la factura y que después supo que el material se llevó a la Casa de los Llanos de Canet ''para su uso público''. A preguntas de la acusación particular, respondió que a la Casa de los Llanos no llegó un proyecto para presentaciones, ni un sistema de almacenamiento en red, ni un equipo de impresión en gran formato ni el portátil para presentaciones. ''Sólo se llevaron ordenadores, el resto no sé decirle'', señaló.

El tercer testigo fue otro perito que aportaron las defensa de Carlos Julián y Sancho. Este intentó convencer al tribunal de que la contabilidad de Dexfor, Millena III Milenio -otro Chiringuito de Sancho que hizo una factura a Dexfor por más de 16.000 euros para recuperar el dinero de la subvención, según la acusación del fiscal- y Pangea era correcta y se había pagado el impuesto de sociedades y el IVA. A preguntas del fiscal, el perito tuvo que reconocer que quien le dio las actas de Hacienda y los libros de contabilidad fueron las propias empresas bajo sospecha. Sobre la factura que le hizo Millena a Dexfor por supuestos servicios jurídicos, el fiscal le preguntó si había visto algún procedimiento judicial, a lo que respondió negativamente. El testigo de Sancho y Julián dijo que sólo vio el contrato y que se lo proporcionó los interesados. ''¿Ha visto los libros de actas de la Asociación o ha hablado con Jesús de Obeso o Juanje Gilabert?'' -el primero se encargaba de realizar los proyectos y el segundo figuraba como tesorero, aunque en el anterior juicio señaló que era desconocedor de haber ostentado tal cargo-. La respuesta también fue negativa.

En unos días se conocerá la sentencia. El Periódico de Aquí ampliará esta información en su edición impresa del próximo 18 de mayo.