El fiscal cree que la Academia Valenciana de Juristas repartía a Sancho y Parra miles de euros

Sancho entrevistado por el director de El Periódico de Aquí en octubre de 2012 en el restaurante Jesús Gor. FOTO EPDA

El alcalde de San Antonio y el secretario de Cheste, escuchando a Sancho en una conferencia que dio para defenderse de El Periódico de Aquí. FOTO EPDA

La ‘trama de las asesorías’ suma ya 3 alcaldes y 11 ex alcaldes imputados por los supuestos cobros de comisiones ilegales por la elaboración de informes a algunos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. La misma afectaría a políticos y también a funcionarios, que se prestaban al saqueo de las arcas públicas aprobando trabajos de asesoría económico y jurídica que no se realizaban o cuyas minutas estaban escandalosamente infladas. La investigación está muy avanzada y ya llevó a la cárcel durante seis meses a dos de sus presuntos cabecillas, el ex secretario municipal del Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer, José Antonio Sancho, y al ex interventor del Consorcio de Museos, Rafael Parra, que siguen imputados. Precisamente a estos dos sospecha el fiscal que la Academia Valenciana de Juristas (AVJ) les repartía miles de euros.

La investigación se inició en el Ayuntamiento de La Pobla de Farnals, tras un demoledor informe de la ex secretaria municipal contra Sancho, la AVJ y Rafael Parra, entre otros. Este llegó a la Fiscalía Anticorrupción y supuso el inicio de una investigación, que llevará en diciembre a declarar a políticos y funcionarios de la época en la que se produjeron presuntamente los hechos delictivos, en la legislatura del 2007 a 2011, cuando tuvo lugar la moción de censura con la tránsfuga Natividad García, para quien el fiscal pide 9 años de cárcel, los mismos que para Sancho.

El ‘modus operandi’ para saquear supuestamente el Consistorio de la Pobla es similar al que se habría instaurado en otros muchos Consistorios, tras la experiencia de dos décadas de Sancho en el Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer.

Con la participación de políticos y funcionarios -muchos de ellos con plaza gracias a oposiciones sospechosas de haber sido manipuladas por tribunales formados por las mismas personas, ahora investigadas-, diversas empresas dominadas por Sancho y Parra, se dedicaban a hacer informes jurídicos o económicos que el fiscal considera que eran falsos o con minutas muy por encima del mercado, con el objetivo de repartirse cuantiosas comisiones, que llegarían también a los políticos y funcionarios que firmaban a favor o miraban hacia otro lado.

Dos de los municipios donde más profusamente se ha investigado son La Pobla de Farnals y Canet d’En Berenguer. En el primer caso la ex alcaldesa Natividad García está imputada, mientras en el segundo, lo están los dos anteriores al actual, Amparo Mañó (EU) y Octavio Herranz (PSPV), todo esto adelantado en exclusiva por El Periódico de Aquí. Pero no son los únicos. Hasta el momento, son once exalcaldes, los imputados, añadiendo a los dos municipios anteriores los de Godelleta, Cheste, Real de Gandia, Benisanó, Adsubia, Vallada y San Antonio de Benágeber. Precisamente en este último municipio del Camp de Túria, Sancho era abogado del Ayuntamiento, además de amigo personal del alcalde hasta las pasadas elecciones municipales, Eugenio Cañizares (PP). Aquí, Parra era el encargado de liquidar una empresa municipal.

Entre los que son alcaldes en la actualidad figuran imputados el de la Vall de Laguar, Francisco Luis Gilabert (PP); el de Ador, Joan Faus (Gent d’Ador), y la alcaldesa de Benirredrà, María Dolores Cardona (PSPV). Según ha podido saber El Periódico de Aquí, la trama se había repartido los Ayuntamientos del PSPV y del PP -en las comarcas del Camp de Morvedre, l’Horta Nord, la Safor, la Costera, la Marina Alta y el Camp de Túria- según las afinidades políticas de sus cabecillas.

Fundadores de la AVJ

Pero entre los imputados se incluyen también a los fundadores de la AVJ, que crearon el mismo día Asesores Profesionales, otra firma que pegó un pelotazo con una oscura operación con el actual parking de Mercadona, o la Academia Española de Juristas, que nombró socio de honor a Sancho. También un exconcejal de Alcoi; el ex director general de Cambio Climático de la Generalitat, Jorge Lamparero; y un abogado de la Empresa General Valenciana del Agua (Egevasa), según ha quedado al descubierto tras levantarse el pasado 5 de noviembre el secreto de sumario. En total, hay 23 tomos de documentación con todos los registros realizados en las administraciones públicas. A partir del 9 de diciembre, los abogados de los imputados podrán presentar recursos contra las resoluciones en el procedimiento que pueda afectar a sus defendidos.

La causa la instruye el Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia e investiga presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y contra la hacienda pública. Estos consistorios tuvieron relaciones económicas con la AVJ, órgano sin ánimo de lucro, y otras asociaciones y sociedades -algunas controladas por Sancho y otras por Parra-, que realizaron informes a estos ayuntamientos durante los años 2009 y 2011, a pesar de no tener ningún trabajador a su nombre.

Estas asociaciones y sociedades actuarían como tapaderas para después distribuir el dinero ‘saqueado’ a los ayuntamientos entre sus cabecillas y la red de cómplices entre políticos y funcionarios. Aunque la ley impide distribuir beneficios, el fiscal considera que la AVJ había repartido importantes cantidades de dinero a empresas controladas por Sancho y a otra de Parra. En concreto cita el ejemplo de mayor salida de dinero de 227.137,11 y 165.000 euros.

Entre los imputados se encuentra el ex alcalde de Vallada y ex presidente de la Diputación de Valencia, Fernando Giner, quien en septiembre defendió la ‘‘legalidad’’ de su actuación y se escudó en la misma justificación que están utilizando todos los imputados que han acudido ya a declarar: todo está aprogbado por el gobierno municipal y que se contaba con la firma del secretario y/o interventor. El problema se da cuando estas figuras son precisamente las que supuestamente forman parte de la extensa trama, como es el caso de Sancho, que fue secretario municipal durante casi tres décadas en Canet o interventor acumulado en La Pobla de Farnals, donde se encontró con la oposición firme de la secretaria municipal, quien acabó cogiendo la baja por depresión, no sin antes dejar un informe demoledor que ha sido el desencadenante de esta vasta investigación.

Precisamente, es Canet d’En Berenguer uno de los Ayuntamientos donde más impacto podría tener el final de la investigación, pues uno de los considerados cabecillas de la trama sería el ex secretario municipal y es en este Ayuntamiento donde comenzaron algunas de las empresas investigadas, como la Academia Valenciana de Juristas, Asesores Profesionales o Millena III Milenio, empresa de Sancho cuyo administrador único fue hasta el 2013 -tras las informaciones publicadas por El Periódico de Aquí- Juan José Amores, hijo de un empresario de Canet que recibió concesiones del Ayuntamiento a 75 años por una tarifa plana de 6.000 euros anuales.

Concursos sospechosos

La Academia Valenciana de Juristas, por su parte, llevaba los asuntos jurídicos del Consistorio gracias a concursos ganados en 2011 y 2013 que son sospechosos, al haber participado en el primero también una empresa de Sancho y en el segundo la mujer del secretario. Precisamente uno de los responsables de la AVJ, José Ignacio García Peñuela, logró 12.000 euros de una subvención del Ayuntamiento concedida por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias en 2011 por asesorar a 25 inmigrantes.

Mientras que Asesores Profesionales es una entidad sin ánimo de lucro fundada por las tres mismas personas que la AVJ y que pegó un pelotazo al ceder a Mercadona, con permiso municipal, un terreno destinado a juegos infantiles para el parking del supermercado. Más de 60.000 euros de beneficio en una operación en menos de un mes. Todas ellas informaciones adelantadas durante 4 años en exclusiva por El Periódico de Aquí.