González y Sancho, socios y matrimonio, al salir ayer de la Audiencia Provincial de Valencia. FOTO P. V.
El cuarto día de sesión en la
Audiencia Provincial de Valencia deja visto para sentencia el juicio contra José
Antonio Sancho, exsecretario de Canet d’En Berenguer, Natividad García, exalcaldesa
de La Pobla de Farnals, Rafael Parra, asesor económico, y la Academia de
Juristas, por la conocida como ‘trama de las asesorías’, en la parte de esta localidad de l'Horta Nord.
En sus conclusiones
finales, y tras haber escuchado a los testigos, el ministerio fiscal eleva de 9
a 11 años la petición de prisión para Sancho y a Natividad García al considerarlo también presunto
autor de un delito de falsedad en documento público dentro del entramado
montado para el 'saqueo' del Ayuntamiento de La Pobla de
Farnals mediante facturas de empresas controladas por Sancho y por el propio
Parra, a través de Asesores Económicos Públicos. Para éste la pena sube de 3 a 5 años por el delito también de malversación de caudales públicos, mientras que los otros dos suman presuntos delitos de prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos. Además, el Ministerio Público pide la disolución de la Academia Valenciana de Juristas, a lo que Sancho le respondió esta mañana que no hacía falta ''porque ya está destruida''.
El Ministerio Público fue especialmente duro y se ratificó en la acusación previa. En sus conclusiones recordó que la ley prohíbe contratar a un funcionario con la administración pública y Sancho lo hizo siendo asesor del Ayuntamiento e interventor acumulado, lo mismo que Parra, pues en ese momento era interventor del Consorcio de Museos. Les acusa a ambos de esconder a los verdaderos titulares de las asociaciones formalmente, pero son ellos quienes las controlan. Tanto en la Academia Valenciana de Juristas como en Asesores Profesionales no figura con cargo Sancho, pero se le acusa de dirigirlas, mientras que Parra se escudó en su esposa y una de sus hijas para no figurar al frente de Asesores Económicos Públicos. También considera el fiscal que se produce un ''fraude de ley y abuso de derecho'' cuando se celebra un concurso en mayo de 2011 invitando a la Academia Valenciana de Juristas, José Antonio Sancho Abogado SLP e Yvorra Limarte, ''que había sido contratado por la AVJ para realizar un servicio''. Además, recordó que como se había jubilado, este ''amigo de Sancho'', reconoció que no podía hacerse cargo de ese trabajo, por lo que desistió finalmente. ''De las tres invitaciones, dos es a la misma persona. El presidente de la AVJ dijo que él no sabía nada de negociaciones y que lo llevó todo Sancho'', en referencia a las declaraciones de Jesús Gilabert el día anterior. ''¿Qué quiere decir esta burla de contratación? Es la recompensa y retribución de Sancho a Natividad García. Por eso se hizo así el contrato''. De esta manera, el fiscal intenta desmontar lo que Sancho y García quieren hacer ver al juez: que las dos transferencias que recibió la ex alcaldesa de Sancho se deban a un préstamo. De hecho, el fiscal asegura que ''no siendo Sancho amigo de la alcaldesa, le pida dinero. Tampoco hay acreditado un contrato''. Asimismo, García ''no se encontraba en una precaria situación económica, pues la Guardia Civil acredita que tenía dinero'', cerca de 10.000 y 5.000 euros. Además, nada más llegar a la alcaldía se compró un coche que abonó en metálico y un piso. ''La necesidad económica no queda acreditada'', añadió. ''Esta persona recibía una gratificación por la generosa contratación de Sancho Sempere''.
Los abogados de los imputados basaron su defensa en el alegato final acusando a la secretaria, la interventora y el ex alcalde José Manuel Peralta de haber urdido un plan para que la Fiscalía Anticorrupción los llevara a juicio. Lo resumió la ex alcaldesa de La Pobla de Farnals: ''todo es fruto de la animadversión de Peralta, en connivencia con la secretaria y la interventora. Es una vendetta''.
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