Foto de los acusados. EFE El fiscal pide 28 años de cárcel por los delitos de asesinato y robo con violencia para dos jóvenes cuyo juicio por jurado, en el que se les acusa de entrar a la fuerza en la casa de un hombre a quien conocían porque había contratado sus servicios sexuales anteriormente y matarlo por asfixia tras golpearlo con intención de robarle, ha comenzado esta mañana.
El escrito de acusación del fiscal relata cómo en diciembre de 2016 los dos acusados, de nacionalidad rumana, fueron a la vivienda de Vicente, la víctima, en la calle Peris y Valero de Valencia. Viente conocía a uno de los acusados, Vasile, por lo que les franqueó la entrada sin saber que venían a robarle.
Una vez dentro de la vivienda, y aprovechándose de que eran dos personas contra una, le ataron y golpearon para que les entregara todo lo que de valor hubiera en la casa, y después le pusieron una bolsa en la cabeza, ataron un cable alrededor de su cuello y le provocaron la muerte por asfixia.
"Los acusados registraron toda la vivienda en busca de objetos de valor, sin que se haya podido acreditar de qué efectos se apropiaron", relata el fiscal en su escrito de acusación, en el que añade: "únicamente está acreditado que los acusados se apoderaron de una tarjeta de crédito" con la que horas después de los hechos trataron de sacar 600 euros en un cajero automático de Alzira (València), una operación que fue denegada.
La defensa pide la absolución en ambos casos, pero las declaraciones de los dos acusados no son compatibles, pues uno de ellos ha negado haber estado el día de los hechos en casa de la víctima, a quien conocía porque había mantenido relaciones sexuales con él a cambio de dinero dos o tres veces.
Este acusado, Vasile, ha relatado que el día del crimen vio sobre las 23 horas al otro inculpado, Claudiu, y que fueron juntos a Alzira, donde esa persona sacó dinero de un cajero automático, sin que él supiera que era de propiedad de la víctima, ni tampoco conociera el crimen que había sucedido horas antes.
El fiscal, que valora la existencia de circunstancia agravante de superioridad, pide para el juicio una serie de pruebas, como son varias declaraciones de testigos, además de las grabaciones de seguridad del cajero y también los análisis de ADN del cadáver.
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