El interventor del Ayuntamiento de Sagunto y un miembro de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se dirigen al Ayuntamiento de Sagunto para un registro. EFE/Archivo La Fiscalía reclama una pena de cinco años de
prisión para el portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Sagunto,
Francisco Crispín, como supuesto autor de un delito continuado de
prevaricación, falsificación y malversación.
Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, al que
ha tenido acceso EFE, Crispín y otros cuatro técnicos municipales han
sido procesados por haber gastado dinero público destinado a la compra
de uniformes para adquirir prendas de vestir de uso personal.
El Ministerio Público considera a Crispín responsable los citados tres
delitos, motivo por el cual le reclama cinco años de prisión, la
privación de la plaza de técnico municipal y una multa de 12.000 euros;
mientras que al resto de procesados les considera autores de un delito
continuado de malversación y reclama una multa de 2.400 euros.
En declaraciones a EFE, Crispín se ha mostrado tranquilo y convencido de
la "absoluta inocencia" de los cinco encausados y ha insistido en que
cada euro gastado contó con varias firmas que lo autorizaban.
"Eran 150 euros al año, no entiendo que se pidan penas como por delitos
de robo o terrorismo. Tengo claro que vamos a salir absueltos porque
nadie ha hecho nada. No sé si todo esto es una concatenación de errores o
desde luego hay una intencionalidad política clara, no es una
casualidad que esto haya salido ahora, que estamos en pleno proceso de
preprimarias en el PSPV", ha agregado Crispín.
Los ahora procesados, entre ellos el concejal socialista y exjefe del
servicio de la Inspección Técnica de Actividades del Ayuntamiento,
Francisco Crispín, fueron detenidos por el supuesto uso irregular de una
partida de 300 euros que tenían asignada cada dos años, desde 2007,
para renovar su vestuario laboral.
Sin embargo, supuestamente, estas personas destinaron ese dinero a
compras en tiendas de mujer, de bebé, establecimientos deportivos y
armerías entre los años 2007 y 2014.
En los recibos presentados figuran prendas de diferentes tallas,
artículos de mujer y de bebé, artículos de deporte, calzado deportivo
también de varias tallas, algunas infantiles, munición y carabinas.
Según el escrito del fiscal, Crispín, en calidad de jefe del servicio de
Inspección, firmaba dichas facturas dando así conformidad al
suministro, reconociendo la adquisición de esos productos y que estos
estaban destinados al uso contemplado en el convenio.
Asimismo, el fiscal deja patente que no existe constancia de que los
concejales que posteriormente autorizaron ese gasto ni el interventor
del Ayuntamiento conociesen las irregularidades de las facturas.
"De este modo, los acusados disponían de un crédito en los
establecimiento, donde acudían en distintas fechas para adquirir prendas
de vestir, zapatos y otros objetos para ellos o sus familiares que no
se correspondían con lo incluido en las facturas, y que en muchos casos
ni siquiera eran prendas de uso diario para el desempeño de su trabajo",
concluye el fiscal.
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