El Gobierno autorizará la próxima semana la ampliación norte del Puerto de Valencia pese a la preocupación de los vecinos de las playas del Sur

El Gobierno dará el visto bueno a la licitación de las obras de la ampliación norte del Puerto de València en el Consejo de Ministros del próximo martes, según ha anunciado el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras una visita a las instalaciones portuarias.

La ampliación consiste en la construcción de una nueva terminal de contenedores, una actuación que ha sido reclamada en numerosas ocasiones desde hace años por los empresarios y partidos políticos, y también por el Gobierno de la Generalitat presidido por Carlos Mazón, mientras que ha suscitado el rechazo de Compromís y Podemos, que reclaman una nueva declaración de impacto ambiental (DIA) ya que la actual es de 2017.

La terminal automatizada tendrá capacidad para 5 millones de TEU y será construida y gestionada por MSC, que hace poco estimó en 2.000 millones de euros su coste total tras la actualización de precios, de los que 660 millones corresponden a la Autoridad Portuaria de València (APV).

El ministro, que ha anunciado la aprobación de la obra ante el president de la Generalitat, la alcaldesa de València, María José Catalá, y el sector portuario en la sede del Consejo de administración de la APV, ha afirmado que se trata de un proyecto "ecológico" y "sostenible" y cuenta con la inversión público-privada "más importante que se ha hecho nunca en un puerto español".

"El martes estaremos poniendo rumbo a este proyecto tan largamente esperado" y que va a ser "positivo" no solo para Valencia sino también para España, porque es un puerto "fundamental para el país", ha manifestado el ministro, que ha recibido los aplausos de los asistentes al acto tras anunciar la aprobación de la obra.

Sobre la afección medioambiental de la terminal, ha apuntado que puede tener efectos negativos pero han sido contemplados y corregidos en la DIA, y ha pedido ver la obra en toda su dimensión: es un proyecto "ecológico porque es energético", cien por cien sostenible, autosuficiente y que se autoabastecerá con energías limpias.

Además, lleva aparejado derivar los tráficos de los contenedores en camión al tren -un 93 % de los contenedores van en camiones-, por lo que también es "una operación ferroviaria", y ya se está trabajando en las terminales sur, poniente y levante en la reforma de las infraestructuras ferroviarias internas de la terminal.

Esta es "la mayor terminal ferroviaria que va a tener ningún puerto de la península y de Europa" y que va a afectar de manera positiva al entorno al sacar camiones de la ciudad y a la V-30 y va a ayudar a aumentar la descarbonización en el transporte, ha defendido.

Puente ha apuntado que espera que los inconvenientes que puedan surgir se vayan despejando en un puerto que es el primero de España en tráfico de contenedores, el cuarto de Europa y el vigésimo del mundo, que tiene riesgo de congestión y que por ello hay que trabajar para que las infraestructuras estén en condiciones cuando llegue el momento.

Sobre la posible falta de apoyo de los ministros de Sumar a la autorización del proyecto, según ha avanzado Compromís, Puente ha indicado que es una decisión de esos ministros, y ha argumentado que es una obra que ha defendido el Partido Socialista y su federación valenciana "desde hace muchos años".

Según el ministro, que ha dicho haberse estudiado esta cuestión en profundidad, ha asegurado posteriormente a los medios que las objeciones medioambientales que se ponen a la obra "no están fundamentadas", y en este sentido ha señalado que las playas de El Saler han sido objeto de obras de corrección con una inversión de 30 millones de euros.

También se ha referido a los posibles procedimientos judiciales para paralizar la ampliación para manifestar que los técnicos le trasladan "absoluta seguridad" sobre la legalidad de los pasos que se están dando.

En concreto, ha considerado que la suspensión cautelar del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la resolución del Ministerio de Transición Ecológica que posibilitaba a la APV decidir por sí sola sobre la necesidad de una nueva DIA "no afecta" a la licitación.

"Estamos tranquilos y convencidos de que estamos trabajando de manera seria y rigurosa y de que los procedimientos judiciales nos acabarán dando la razón", ha concluido.