El Gobierno central ha dado 10 días de plazo a la Generalitat para
que presente alegaciones antes de repercutirle el pago de la multa
impuesta por la Comisión Europea a España por la ocultación de 1.800
millones en gastos computables a efectos de déficit llevada a cabo por
los anteriores Consells de Francisco Camps y Alberto Fabra durante los
ejercicios 2008 a 2011.
Al respecto, el conseller de
Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha anunciado que la
Generalitat presentará alegaciones por considerar que el Gobierno
central "se tiene que hacer cargo de la multa ya que éste era
responsable de supervisar los datos de déficit de las administraciones
públicas y en relación a las instituciones europeas".
"Era
competencia de la Administración central supervisar estos datos y ahora
ha de asumir esa responsabilidad porque además era perfecto conocedor
de la situación, toda vez que la Sindicatura de Comptes, año tras año,
así lo señalaba en sus informes", ha reiterado.
"Lo que
pretende el ministerio es inadmisible y no lo vamos a permitir; intentar
que el actual Consell pague los platos rotos de la catastrófica gestión
llevada a cabo por los Ejecutivos del PP, que convirtieron la
ocultación de facturas y gastos en una práctica habitual", ha lamentado
Soler, para añadir que, paralelamente, el Ministerio "no puede hacer
dejación de sus responsabilidades, máxime cuando la situación era de
sobra conocida, los informes de la Sindicatura se trasladaban al
Tribunal de Cuentas y su contenido se difundía públicamente y por cauces
oficiales", ha insistido el conseller.
"Los valencianos ya
están suficientemente maltratados con el actual sistema de financiación
para que además ahora nos repercutan multas derivadas por la mala
gestión de anteriores dirigentes", ha señalado el conseller de Hacienda.
El Gobierno Central obvia los avisos del Síndic
En
un informe de la Intervención General de la Administración del Estado
que acompaña el expediente remitido por el ministerio sobre el
procedimiento de repercusión de la sanción, la IGAE esgrime para eludir
sus responsabilidades que entre los años 2008 y 2012 "no ha contado con
poderes suficientes para comprobar la cuantía y contabilización del
gasto por parte de las comunidades autónomas", algo que "resulta
increíble", señala Vicent Soler, tras recordar los avisos que dio la
Sindicatura, como constató la Comisión Europea en su informe de
investigación.
Comunicación "por teléfono"
El
informe elaborado por la Comisión Europea revela que en enero de 2012 el
Consell de Fabra remitió los correspondientes cuestionarios de
información contable normalizada del cuarto trimestre de 2011, en los
que figuraban en la cuenta 409 un total de 501 millones, de los que 328
millones se comunicaron "por teléfono". En abril de 2012 se trasladaron a
través de los cuestionarios de información un total de 469 millones más
en la cuenta 409.
Cuando la IGAE pidió confirmación de
estos datos, la Intervención de la Generalitat comunicó telefónicamente a
principios de mayo una desviación en los datos aún mayor, que suponía
"una deuda adicional de en torno a 1.800 millones correspondiente a
gastos sanitarios no registrados en las cuentas de la Generalitat".
Finalmente,
de la información remitida a finales de junio de 2012 por la
Intervención de la Generalitat se desprende una desviación en relación a
los datos comunicados en enero de 2012 correspondientes al importe de
la cuenta 409 cifrada en 1.891 millones.
El conseller
Soler ha calificado la gestión de las finanzas públicas del Consell del
PP como "inaceptable", por saltarse "todas las normas contables" y por
"jugar con el dinero de los valencianos".
Antecedentes
La
Comisión Europea abrió un procedimiento de investigación sobre estos
hechos que se saldó con la imposición a España de una multa de 18,93
millones al constatar que se produjo una tergiversación de los datos de
déficit público comunicados por España, debido a que la Comunitat
Valenciana incumplió reiteradamente la aplicación del principio de
devengo contable que rige la contabilización del gasto público durante
los ejercicios de 2008 a 2011, lo que supuso una desviación en los datos
de déficit por importe de 1.891 millones.
Como
consecuencia del gasto no remitido por la Comunitat Valenciana, los
datos de déficit de España se vieron afectados por un incremento del
0,2% del PIB en 2011 y hasta un 0,1% en el resto de años anteriores.
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