El IBI no ha sido
aumentado para este Plan, ni ningún otro impuesto. En todo momento se mantiene
los ingresos aprobados en 2010 por el PP
y Mamen Peris, hoy en UPPA.
En la legislatura
pasada el gobierno del Partido Popular pidió la revisión de los valores para
poder afrontar su Plan de Saneamiento y se
está aplicando la subida tal como la norma dice, repartida en 10 años y con el coeficiente aprobado entonces del
0,76. El Plan contempla la medida tal y como se aprobó en su día debido a que hasta 2015 no puede pedir una nueva
revisión de valores. En 2015 se pedirá la revisión y entonces se harán los
ajustes necesarios en el Plan, tal y como se prevé en las conclusiones.
Tanto el PP, como la portavoz de UPPA impidieron a este
gobierno subir el
coeficiente del IAE, que sólo pagan unas
pocas grandes empresas y bancos de Alboraia, y es el más bajo que todos los
pueblos de alrededor, ya que se aplica un coeficiente únicamente del 1. Esa
subida hubiese propiciado una bajada del coeficiente del IBI por compensación.
El equipo de
gobierno debe aprobar el Plan en Junta de Gobierno porque lo permite la ley aprobada por el PP y se lo exige el gobierno
del Partido Popular. El ministro Montoro aprobó la medida para que los
ayuntamientos endeudados no pudiesen evitar hacer los planes de saneamiento que
les exige la Ley
de Estabilidad Presupuestaria alegando falta de mayoría en el Pleno.
Alboraia se acoge
a esta medida para cumplir la ley y evitar
medidas sancionadoras que perjudicarían
a los vecinos o incluso una intervención del Ayuntamiento que desembocaría
en una pérdida de servicios y la subida de tasas e impuestos al máximo
permitido por la ley para sufragar el déficit, tal como marca la ley de
Estabilidad Presupuestaria.
Miguel Chavarría,
alcalde de Alboraia, destaca la
incongruencia que supone que tanto la portavoz
de UPPA, como el PP, causantes de la deuda acumulada en Alboraia, intenten
impedir la aplicación de una norma que ha aprobado el mismo Partido Popular.
El interventor
del Ayuntamiento de Alboraia destaca en su informe que las medidas posibles ya
han sido tomadas, no en vano se han ajustado todos los gastos y ya se mermó en el ejercicio anterior la
plantilla del Consistorio a niveles mínimos para mantener los servicios
imprescindibles.
En esta legislatura
se han reducido empresas y fundaciones,
quedando únicamente la empresa EGUSA que
gestiona servicios tan imprescindibles como las brigadas de obras y servicios, el autobús municipal etc. mediante las aportaciones regularizadas del
Ayuntamiento.
Además la gestión
de parte del patrimonio municipal, que se le cedió en su momento, de las zonas
de aparcamiento, vallas publicitarias, etc. que se han actualizado y
regularizado esta legislatura, le
permite tener ingresos y pagar los préstamos concertados en legislaturas
anteriores que pagan las hipotecas concertadas para construir edificios
como la central de Policía y Emergencias
o el Centro de día, o el campo de fútbol.
No es cierto que EGUSA genere deuda nueva de ningún tipo, al contrario se está reduciendo la deuda. Además, a través de su plan de empleo, se le da trabajo a parados de larga duración con
riesgo de exclusión, en coordinación con
los Servicios Sociales, en brigadas
de apoyo a la limpieza de playas, de parques, etc. todos los veranos.
Sus consejeros cobran por asistencias, igual que los concejales tanto del gobierno como la oposición y la misma cantidad que todos los concejales
cobran por asistir a las comisiones.
En cuanto a la
venta de inmuebles, se refiere a bajos comerciales, tasados por una
empresa independiente, y que son perfectamente
vendibles por sus moderado precio. No sería lo mismo intentar vender, por
ejemplo, el edificio de EGUSA, como ya intentó la portavoz de UPPA, al inicio
de la legislatura, debido a su alto precio de aproximadamente 4 millones de
euros.
Durante esta
legislatura se han alquilado bajos
comerciales, se han sacado concesiones administrativas y rentabilizado en
lo posible parte del patrimonio. Ahora procede vender algunos inmuebles para
salir del déficit y si van mejorando los ingresos por la mejora económica,
moderar también los impuestos.
Por otra parte ningún grupo político ha cobrado la
subvención correspondiente a los ejercicios 2012, 2013 o 2014, y ningún
cargo político tiene sueldo fijo, ni pagas extra, ni se paga por ellos
seguridad social. Tampoco se pagan dietas o cursos a los políticos, hasta el
punto que las comidas oficiales de la Corporación del día del patrón o de Navidad se
las paga cada político de su bolsillo.
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