El Gobierno destina más de 204 millones de euros a la Comunitat Valenciana para rehabilitación residencial y vivienda social en el marco del Plan de Recuperación

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes, a propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), la distribución de 204.408.690 euros más a la Comunitat Valenciana para financiar actuaciones de rehabilitación residencial y la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En concreto, la Comunitat Valenciana recibirá 150.303.690 euros en 2022 procedentes del Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales; y otros 54.105.000 euros en 2023 del Programa de construcción de viviendas de alquiler social en edificios energéticamente eficientes.

La dotación para todas las comunidades y ciudades autónomas en materia de vivienda es de 1.889 millones de euros y su distribución territorial y criterios de reparto se someterán a la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo para su aprobación definitiva.

De la inversión total, 1.389 millones de euros irán destinados en 2022 a la rehabilitación y regeneración de viviendas, barrios y edificios residenciales, mientras que los 500 millones restantes se traspasarán a partir de 2023 para levantar viviendas de alquiler social.

3.540 millones de euros desde 2021

La distribución territorial de estos 1.889 millones de euros se sumará a los 1.151 millones de euros del Programa de rehabilitación residencial transferidos por Gobierno a las comunidades y ciudades autónomas en 2021 y a los 500 millones del Programa de vivienda social traspasados en 2022. Todo ello, según la distribución acordada en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo del 21 de julio de 2021. 

Con el acuerdo de Consejo de Ministros de este martes, el Gobierno moviliza hasta la fecha 3.540 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para que las comunidades y ciudades autónomas financien las actuaciones encaminadas a la regeneración de los entornos residenciales y aumento del parque de vivienda pública, lo que supone el 89,1% de los recursos a transferir en el marco de ambos programas de inversión. 

Así, en 2023 se podrá transferir el 100% de los fondos destinados a la construcción de hasta 20.000 viviendas en alquiler social y este año, el 85,5% de las ayudas dirigidas a rehabilitación. El año que viene se prevé la distribución de los 430 millones de euros restantes.

En este punto, cabe recordar que el programa de rehabilitación residencial cuenta con 450 millones de euros para financiar bonificaciones fiscales a la rehabilitación de viviendas, lo que da un total de 3.420 millones de euros.

Un momento clave

Con este nuevo reparto de recursos, nuestro país se asegura el cumplimiento de los compromisos en el impulso de la rehabilitación edificatoria, tanto en el marco de la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España (ERESEE), como del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030.

Así, junto con la Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del PRTR, se refuerzan las oportunidades para impulsar la rehabilitación y mejora de viviendas y edificios residenciales, a través de diferentes medidas e instrumentos que no tienen precedentes en cuanto a la cuantía e intensidades de ayuda, y que hacen especialmente atractivas tales actuaciones, lo que permitirá mejorar la calidad de vida y el confort de las viviendas, asegurar la máxima calidad de los edificios y contribuir a fortalecer un sector clave de la economía española en términos de actividad y empleo, con un enorme potencial de crecimiento.

Asimismo, en el ámbito de la vivienda social, la aplicación de recursos del PRTR posibilitará la construcción de 20.000 nuevas viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, lo que constituye una oportunidad para que las Administraciones territoriales amplíen su parque de vivienda social, un instrumento esencial para la aplicación de políticas públicas en favor del derecho a una vivienda digna y adecuada consagrado en la Constitución Española. Todo ello, en el contexto de la tramitación parlamentaria de la primera ley estatal por el derecho a la vivienda de nuestra democracia.