El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la reunión mantenida con el alcalde de Gandia. EFE/Natxo FrancésEl ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, aseguró este viernes que los alquileres abusivos podrían bajar en la Comunitat Valenciana si el president de la Generalitat, Carlos Mazón, aplicara la ley de Vivienda y "tuviera la voluntad política para hacerlo".
Bustinduy pidió también a Mazón que sancione a las empresas responsables de la oferta ilegal de pisos turísticos en la Comunitat Valenciana, donde más de la mitad de los que se ofertan en grandes plataformas "no cumple con la normativa autonómica", afirmó durante una visita a Gandia para abordar la situación de los anuncios ilegales de pisos turísticos.
En su visita a Gandia, donde se reunió con su alcalde, José Manuel Prieto, y posteriormente al barrio del Cabanyal de València, el ministro ha expuesto que cuando existe voluntad política y las administraciones públicas actúan en favor de la ciudadanía para defender el derecho a la vivienda, se puede revertir "la situación de millones de familias en nuestro país", dijo en referencia a la petición de Consumo a Airbnb para que retire más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas alojadas en su plataforma.
El ministro apuntó que a nadie se le pasa por la cabeza que pudieran existir "65.000 bares o 65.000 tiendas o cualquier otro negocio en condiciones de ilegalidad y que nadie hiciera nada", y envió un mensaje a Mazón para que sancione a las empresas responsables de la oferta ilegal de pisos turísticos.
Competencia
"Es su competencia, es su normativa, es su responsabilidad. No hay excusa para no actuar", aseguró, para argumentar que el Ministerio de Consumo ha hecho "el trabajo que no han hecho" los gobiernos autonómicos de bloquear los anuncios ilegales conforme a la normativa autonómica.
Y a continuación conseguir que esas viviendas donde antes residían "familias, trabajadores, estudiantes" vuelvan a ese uso y se pongan en alquiler asequible, pues "hay herramientas" ya que la ley de Vivienda permite topar los precios de los alquileres abusivos y forzar a los grandes tenedores a poner esas viviendas "donde deben estar, en la función social que debe cumplir la vivienda, que es que las familias y los trabajadores y trabajadoras puedan vivir en ellas".
Al respecto, invitó al president de la Generalitat a que aplique de manera inmediata la ley de Vivienda. "Basta de excusas, basta de proteger a quienes defienden, basta de proteger a quienes hacen un negocio con el derecho a la vivienda por encima de las necesidades de las familias trabajadoras de este país", ha insistido.
Más de la mitad de pisos turísticos ofertados incumplen la norma
El ministro avanzó que el trabajo de la Unidad de Análisis del Ministerio de Consumo revela que más de la mitad de los pisos turísticos que se ofertan en grandes plataformas en la Comunitat Valenciana no cumplen con la normativa autonómica.
Bustinduy ofreció al president, a partir de una solicitud, conocer los datos concretos que dispone el Ministerio sobre pisos turísticos ilegales en la Comunitat Valenciana.
Gandia, ejemplo en inspección y control
El ministro destacó que Gandia ha realizado un trabajo ejemplar en la lucha contra el intrusismo en las labores de inspección y de esfuerzo por regularizar y controlar una actividad económica fundamental en el municipio. Esa labor tiene que hacerse, primero, respetando la legalidad y, en segundo lugar, dentro de unos parámetros de sostenibilidad, cohesión y equilibrio con las necesidades y con el bienestar de la ciudadanía.
Por su parte, el alcalde de Gandia indicó que la ciudad es, después de València, la que más sellos de calidad en destino tiene en la Comunitat, y lo atribuyó al esfuerzo realizado en regularización y profesionalización en el alquiler de apartamentos y alojamientos turísticos.
Visita al barrio del Cabanyal
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, también visitó el barrio del Cabanyal de Valencia para conocer "de primera mano" la situación que se está viviendo muchos barrios y ciudades de España convertidos en "parques temáticos" por la proliferación de apartamentos turísticos.
Bustinduy, hizo un recorrido por el barrio junto a la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, y representantes vecinales, lamentó que familias, trabajadores y estudiantes se estén viendo "expulsados" de sus barrios, con una "dejación de funciones" de las Administraciones que no toman medidas.
El ministro indició que su departamento tiene competencias "limitadas", pero ha demostrado que es posible exigir que se cumpla la legalidad, al ordenar el bloqueo de 65.000 anuncios de pisos turísticos ilegales en toda España, y ha lamentado que se haya consentido la situación "de descontrol y caos" con estos pisos.
Por su parte, Papi Robles señaló que han traslado al Ministerio más de 4.000 denuncias de apartamentos ilegales en la ciudad de Valencia y ha instado a la alcaldesa, María José Catalá, a topar el precio del alquiler, ponerle freno a "la invasión" de apartamentos turísticos y ser "contundente" con las actividades ilegales.
El presidente de la asociación vecinal de Cabanyal-Canyamelar, Daniel Adell, afirmó que han recibido amenazas por comunicar al Ayuntamiento la existencia de 350 apartamentos turísticos ilegales en el barrio y ha reclamado que la gente del barrio pueda vivir en él.
Según los datos del INE aportados por la asociación, el barrio ha pasado de tener en 2023 un total de 554 apartamentos turísticos, el 5,15 % del total de las viviendas, a 729 en 2024, un 6,79 %.
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