El Gobierno valenciano exige diálogo al Ejecutivo central por el registro de alquileres turísticos

 El Gobierno valenciano ha exigido al Ejecutivo central que abra una vía "real" de diálogo con las comunidades autónomas para consensuar el registro único de alquileres de corta duración (turístico, de temporada o de habitaciones) como "una normativa útil, operativa y respetuosa con la legalidad".

El registro único de alquileres de corta duración será de efectiva aplicación este 1 de julio, una vez finalizado el período de transición, y hasta la fecha se han recibido 199.686 solicitudes, mayoritariamente de alquiler turístico.

De ellas, 90.046 han sido aprobadas, 17.596 denegadas y 92.044 están pendientes de verificación por parte del Colegio de Registradores. Las solicitudes son mayoritariamente de alquiler turístico (156.938) y se concentran principalmente en las provincias de Málaga, Gran Canaria, Alicante, Baleares y Barcelona.

La consellera de Turismo, Marián Cano, ha afirmado que el registro "ignora los sistemas autonómicos ya vigentes, duplica la carga administrativa, y no contempla mecanismos de control ni sanción efectivos".

Según Cano, la Comunitat Valenciana ya cuenta con un sistema operativo y esta "imposición" genera "confusión e incertidumbre".

Cano ha afirmado que está a favor de eliminar el alquiler de alojamientos turísticos ilegales, pero la norma "no tiene las bases jurídicas y técnicas necesarias, como así lo ha ratificado también el dictamen del Consejo de Estado".

El Consell está "absolutamente de acuerdo" con el Reglamento de la Unión Europea sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración y el fin que se persigue, pero "absolutamente en desacuerdo" con la ejecución que ha diseñado y puesto en marcha el Gobierno central porque, a su juicio, "impone duplicidades innecesarias y limita nuestra capacidad de actuación".

Cano ha instado al Ejecutivo central a abrir una vía "real" de diálogo para resolver este conflicto competencial y a convocar a las comunidades autónomas para abordar, de forma conjunta, la regulación del alquiler turístico.

La Generalitat presentó el pasado mes de mayo un recurso contencioso-administrativo contra el decreto que regula el registro y se crea la Ventanilla Única Digital, al considerar que invade competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de turismo.