El GPP denuncia "la opacidad en la tramitación del decreto de chantaje lingüístico"

La Portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha denunciado que Educación “da solo siete días de plazo para presentar alegaciones al decreto y además lo hace de manera semiclandestina demostrando la nula intención del conseller Marzá de consensuar nada y su escasa sensibilidad para atender los requerimientos de la comunidad educativa”.

Para la responsable popular, “Marzà no tiene ningún interés en escuchar la voz de las familias. Tiene muy claro cuál es su modelo de plurilingüismo, un modelo en el que el chantaje es la principal seña de identidad”.

Beatriz Gascó ha explicado las dificultades que se presentan para las familias para presentar aportaciones y alegaciones al decreto de chantaje. “En la web de la Conselleria está escondido, no hay un ningún correo electrónico al que poder dirigirse ni web donde poder alegar. Solo se permite mediante escrito en papel por registro de entrada. Para poder alegar, además del escaso tiempo, hay que hacer una carrera de obstáculos. Nos hubiera gustado que un tema de tanta importancia para el futuro de la educación valenciana, le hubiera dado al menos la misma difusión y destinara cantidades económicas similares a la Primavera Educativa, por ejemplo, o a la promoción de medios informativos catalanes”.

La responsable popular ha anunciado la presentación de alegaciones al decreto-chantaje por parte del Grupo Popular “para intentar contrarrestar el agravio, chantaje y sectarismo del señor Marzà”.

Beatriz Gascó ha denunciado que “la libertad de los padres para elegir es una libertad condicionada, sometida a una forma de chantaje o peaje, puesto que si eligen para sus hijos aquello que desea la administración, es decir valenciano total, tendrán máximas oportunidades, de lo contrario, deberán buscarse la vida para que sus hijos puedan acreditar un correcto nivel de lenguas extranjeras. Una forma de bordear el cumplimiento de la ley y las reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional sobre esta materia”.

La portavoz popular ha señalado que “estamos ante el decreto del chantaje lingüístico de Marzà. A partir de ahora quedará desterrado el castellano pues toda la administración educativa se regirá exclusivamente en valenciano (comunicaciones profesores con niños, cartas a los padres, con otras administraciones, escuelas de padres, formación al profesorado…)”.

Gascó ha criticado “la ausencia de consenso de un texto que tiene una clara voluntad de segmentar, jerarquizar y etiquetar los centros educativos, fragmentando el sistema en función de una elección lingüística más o menos próxima al criterio del Gobierno del Botánic. Este sistema supone discriminar unos centros en función de la opción por una u otra lengua y decidirán en qué categoría quieren estar. Los que estudien valenciano serán avanzados y los de castellano básicos. La propia semántica traiciona al Conseller.