Esta medida responde, según fuentes colegiales, al
convencimiento del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia de garantizar el
derecho de asistencia jurídica gratuita a todos los ciudadanos, ante la
imposición, en lugar del diálogo y la aprobación de la Orden 2/2012 de 17 de
enero por parte de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social.
La Junta de Gobierno del ICAV se ha adherido, al igual que el
resto de Colegios profesionales de la Comunidad Valenciana,
al recurso contencioso administrativo interpuesto por el Consejo Autonómico de
Colegios de Abogados de la Comunidad Valenciana (CVCA) contra la Orden
2/2012 y ha instado al Consejo a que solicite como medida cautelar la
suspensión de esa Orden mientras se sustancia el recurso.
Los Servicios de Orientación Jurídica que se han suspendido
durante este mes de febrero son el SOJ de Registro Civil de Valencia, el SOJ de
Inmigración, el SOJ de Dependencia, el SOJ Penitenciario y el servicio “Cárcel”
en el Centro Penitenciario de Picassent. Además, se ha restringido la
prestación del servicio del SOJ General en la Ciudad de la Justicia de Valencia
(que será atendido por dos abogados de lunes a jueves) y se ha suspendido la
atención de los abogados en los Puntos de Encuentro Familiar que no son objeto
de convenio entre el Colegio y Ayuntamientos.
Esta medida de garantizar el servicio se adopta para
garantizar una asistencia que es un derecho fundamental de los ciudadanos con
menos recursos, y es prestada por abogados por mandato expreso de la Constitución Española,
siempre con unas condiciones de trabajo dignas y en igualdad de condiciones que
otros colectivos profesionales.
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