El
titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que
investiga, en una pieza separada del “Caso Imelsa”, un presunto delito
de blanqueo de capitales en el seno del Grupo
Popular en el Ayuntamiento de Valencia, ha remitido al Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la parte de la
investigación que afecta al exconcejal Miquel Domínguez, aforado ante el
Alto Tribunal Valenciano por su condición actual de diputado
autonómico.
En
esta pieza separada, con 47 personas imputadas, más el PP imputado como
persona jurídica, se investigan las donaciones
de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que
presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500
euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.
El magistrado considera que habiendo reconocido
el exconcejal
que realizó el donativo de 1.000 euros por el que están imputados y han
sido interrogados todos los concejales, exconcejales, asesores y
exasesores que también efectuaron
el pago en vísperas de las elecciones de 2015, sería “incoherente” no elevar exposición al
TSJCV, por ser el único
tribunal competente para investigar y, en su caso, juzgar al parlamentario autonómico.
El argumento expuesto
por el instructor es idéntico al que
recientemente utilizó para elevar al Tribunal Supremo la parte de la investigación que afecta a la ex alcaldesa, Rita Barberá.
A
este respecto, el juez señala que “los testimonios de cargo, dos de
ellos de personas investigadas, son múltiples y detallados, sin revelar
elementos de contradicción e incoherencia
interna”. Añade que “indican una operativa general en relación con
personas afines al Grupo Municipal en el Ayuntamiento
respecto de la que esta instrucción no ha revelado, hasta
el momento, hechos, circunstancias o explicaciones que permitan valorar
con carácter excluyente, en esta fase, ningún tipo de discriminación,
en atención a la persona o cargo, en cuanto a propuesta u ofrecimiento
de devolución de dinero”.
Señala
el juez, no obstante, que ni las dos investigadas (imputadas según la
terminología anterior a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal)
que han reconocido que el dinero
entregado les fue devuelto, ni los cuatro testigos que dicen haberse
negado a hacer la aportación, han realizado una imputación concreta
respecto a la participación de Domínguez en los hechos objeto de
investigación.
Domínguez,
como hiciera Barberá, rehusó la invitación de Instrucción 18 para
declarar voluntariamente pero presentó un escrito de alegaciones en el
que reconocía la aportación, negaba
cualquier reintegro y se desvinculaba de la organización de la campaña y
de la actividad política diaria en tanto que su oficina no estaba en el
Ayuntamiento sino en un edificio distinto, sede de la delegación de
Seguridad Ciudadana.
Según
el juez, las explicaciones ofrecidas por el aforado “pueden ser ciertas
y tener sentido” pero son insuficientes para excluir su posible
implicación en los hechos investigados.
En este sentido apunta que esas alegaciones “no introducen en su relato
hechos que, en relación y contraste con el resultado de lo instruido,
permitan atribuir a los mismos una relevancia excluyente de su posible
implicación”.
El
instructor subraya el hecho de que el aforado, en su escrito, “no
aclara nada en cuanto a la persona, lugar y circunstancias” en las que
le fue comunicada la necesidad de realizar
el donativo de 1.000 euros.
Respecto
a este extremo, el juez explica que las diligencias practicadas hasta
la fecha no han permitido establecer, con claridad, el origen de dicha
decisión adoptada en el ámbito
del llamado “comité de campaña”.
El
magistrado concluye su exposición al TSJCV explicando que la
investigación no está concluida y que aún no se ha recibido el informe
sobre el análisis de la documentación intervenida
en los registros pero precisa que de la información verbal anticipada
por los agentes de la Guardia Civil “no se desprenden nuevos datos
significativos de una implicación concreta del aforado” en la
investigación relativa al origen del supuesto dinero blanqueado.
La
investigación por blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia
es una pieza separada del “Caso Imelsa”, en el que se investiga el amaño
de contratos a cambio de comisiones
ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana:
Diputación (a través de la empresa Imelsa); Ayuntamiento (a través de la
Concejalía de Cultura) y Generalitat (a través de la empresa Ciegsa).
La causa, que nació en abril de 2015, está abierta
por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico
de influencias y blanqueo.
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