El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el “Caso Imelsa”, ha
rechazado el recurso de reforma
interpuesto por la exsecretaria del grupo municipal del PP en el
Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster, contra su imputación por
delito electoral en la pieza separada en la que
además se investiga un delito de blanqueo de capitales.
En
un auto, notificado hoy a las partes, el juez rechaza los argumentos
esgrimidos por el abogado de la imputada y mantiene que el hecho de que
no fuera administradora electoral de
las candidaturas en los comicios investigados, 2011 y 2015, “no impide
que pueda ser investigada como posible cooperadora necesaria conforme a
la reiterada jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo”.
Precisa,
no obstante, que tal delito “no se le está atribuyendo de modo
definitivo, sino que se está abriendo la investigación, que le afecta, y
por eso es llamada a declarar en calidad
de investigada, en los términos garantistas que nuestro ordenamiento
procesal procura”.
En su resolución, el juez explica que
es “incuestionable” que con cargo a la cuenta bancaria que gestionaba se pagaron gastos electorales y que
es al final de la instrucción cuando procede valorar los indicios que existen contra la imputada y su significación penal.
En
el recurso, la defensa de García Fuster cuestionaba también la
continuidad y conexidad delictivas apreciadas por el instructor así como
la declaración de complejidad de la causa, extremos, todos ellos,
rechazados por el juez.
Por otro lado, el titular de Instrucción 18 ha
citado a declarar a la exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de
Valencia María José Alcón,
a su exasesor Pedro Aracil, al exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, y
al empresario José Adolfo Vedri para que declaren como investigados en
la pieza separada en la que se investiga el supuesto amaño de contratos
en el área de Cultura del Consistorio valenciano
a cambio de comisiones ilegales. Deberán comparecer ante el juez el día
22 de septiembre. El día 23 declararán otros tres empresarios imputados
en esta pieza, adjudicatarios de los contratos de limpieza y
mantenimiento de La Lonja y de las Torres de Quart.
En las diligencias del “Caso Imelsa”
se
investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en
varias administraciones de la Comunidad Valenciana: Diputación (a través
de la empresa Imelsa); Ayuntamiento
(a través de la Concejalía de Cultura) y Generalitat (a través de la
empresa Ciegsa). La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por
malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de
influencias,
blanqueo
y delito electoral. Se estructura en una pieza principal y
cinco separadas.
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