El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que
investiga
el “caso Imelsa” centrado en un supuesto amaño de contratos a cambio de
comisiones ilegales en varias administraciones públicas de la Comunidad
Valenciana, ha acordado declarar
la complejidad en la pieza separada “E”
de la causa, relacionada con las presuntas adjudicaciones irregulares
de contratos por parte de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Valencia.
El
juez estima la petición del fiscal y amplía de seis a 18 meses el plazo
máximo de la instrucción para que puedan concluirse
los informes periciales arquitectónicos relacionados con la
adjudicación de los contratos supuestamente amañados. En su auto, el
magistrado considera que la instrucción de esta pieza separada, en la
que hay 12 investigados por presuntos delitos de cohecho
y prevaricación, está condicionada al resultado de estas periciales,
que son “múltiples y requieren el examen de abundante documentación”.
Con la declaración de causa compleja, a la que se opusieron algunos investigados, el juzgado establece el 12 de febrero de 2018
como fecha límite para concluir la instrucción en esta pieza separada.
La pieza separada “E” del “caso Imelsa” investiga, entre otras,
las adjudicaciones de
la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia de las obras de
limpieza y acondicionamiento de la fachada de la Lonja de Valencia, las
Torres de
Quart y dos puentes históricos. También la construcción del Centro
Cultural La Rambleta.
En
esta pieza, abierta por los delitos de cohecho y prevaricación, hay
doce investigados, entre ellos la exconcejala de Cultura,
María José Alcón, y el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent. Se
investigan ocho contratos públicos, sospechosos de irregularidades.
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