El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de
Valencia, que investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales
en varias administraciones de la Comunidad Valenciana, ha abierto tres nuevas
piezas separadas y ha acordado prorrogar el secreto de sumario sobre dos de
ellas y sobre la pieza principal en tanto que aún no se ha concluido el volcado
del material informático intervenido por la Guardia Civil en los distintos
registros.
En concreto, el magistrado ha resuelto desgajar de la
parte central de las diligencias los
hechos relacionados con el servicio de atención multicanal a los
contribuyentes, el call center, que la empresa pública Imelsa, dependiente de
la Diputación, adjudicó a Servimun.
De lo investigado hasta ahora, el instructor concluye
que hay indicios de que tal adjudicación “pudo ser decidida” por el entonces
presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, con la intención de
favorecer al responsable de dicha empresa. En ese proceso, señala el auto,
actuó como “intermediario connivente” el suegro del entonces gerente de Imelsa,
Marcos Benavent.
En esa nueva pieza están investigados (antes
imputados) Rus, Benavent y otras diez personas, entre las que figuran el
diputado provincial delegado de Empresas Públicas, el director del área
jurídica de Imelsa, el jefe de sección de la oficina de gestión tributaria, el
jefe de unidad de procesos masivos tributarios, el jefe de sección de
evaluación y planificación, el director financiero de Imelsa y el jefe de
servicio de gestión tributaria.
El titular de Instrucción 18 les imputa delitos de
malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la contratación
pública, cohecho y falsedad documental. A ocho de ellos se les tomará
declaración los días 12 y 16 de septiembre. Rus comparecerá ante el juez este
último día.
La investigación, según recoge el auto, apunta a que el
expresidente de la Diputación habría contado con la “colaboración” del que
fuera Jefe de Evaluación y Planificación de la Corporación Provincial para
manipular el proceso de adjudicación “vulnerando el principio de imparcialidad
que debe regir la contratación pública”.
Las supuestas irregularidades afectan no sólo a la “presunta
adjudicación ilícita” del call center sino al “eventual incumplimiento” por
parte de la empresa adjudicataria, Servimun, de las obligaciones estipuladas en
el contrato por si tal incumplimiento “hubiera supuesto un daño o perjuicio
patrimonial” al erario público. En esta pieza separada se investigan también
facturas pagadas por Imelsa derivadas de contratos accesorios suscritos con
varias empresas.
Las otras piezas separadas
Por otro lado, el juez ha acordado investigar también
en una pieza separada del resto de la causa las supuestas irregularidades en
los contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia para la
restauración del patrimonio histórico monumental y las adjudicaciones para la
celebración de la XVII Mostra de Valencia en 2006. Sobre esta pieza se alzará
el secreto próximamente, cuando se incorpore al expediente copia de todos los
documentos que ahora forman parte de la pieza principal.
Sobre la tercera pieza separada, el magistrado acuerda
mantener el secreto “atendiendo a la naturaleza de los hechos”. En la
resolución, notificada hoy a las partes,
el juez hace extensiva esta medida (la prórroga del secreto hasta el 14 de
agosto) a la pieza principal para “no comprometer el resultado de la
investigación que se está llevando a cabo mediante el análisis de la
información recogida tanto en la documentación escrita como en los dispositivos
informáticos intervenidos”.
El magistrado explica que la información acumulada es
muy “voluminosa”, que afecta a “multiplicidad de hechos” en un “prolongado
periodo de tiempo” y a un “gran número de personas”, circunstancias, todas
ellas, que condicionan el ritmo en el análisis documental sobre ciertas partes
de la investigación.
En la misma resolución, el titular de Instrucción 18
avanza la posibilidad de que próximamente forme dos nuevas piezas separadas
para investigar contrataciones de personal tanto en Imelsa como en Ciegsa,
empresa pública dependiente de la Conselleria de Educación, piezas sobre las
que también se alzaría el secreto una vez constituidas.
El Caso Imelsa se estructura en una pieza principal en
la que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en
varias administraciones de la Comunidad Valenciana y cinco piezas separadas:
las tres constituidas ahora, que se suman a las ya formadas con anterioridad: una,
sobre blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia, recientemente ampliada
al delito electoral, y otra, por las contrataciones ficticias de trabajadores
en Imelsa.
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