El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga un supuesto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales
en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana, ha acordado
prorrogar un mes más, hasta el 14 de julio, el secreto que pesa sobre la pieza principal del “Caso Imelsa”.
En
el auto, notificado hoy a las partes, el instructor justifica su
decisión en el hecho de que aún no se ha procedido al volcado de los
dispositivos informáticos intervenidos por
la Guardia Civil en los distintos registros domiciliarios practicados
el pasado mes de enero.
El magistrado, de conformidad con el fiscal, considera que la nueva prórroga es necesaria a efectos operativos,
teniendo en cuenta el volumen de información, los medios con los que cuentan los agentes y las dificultades
de traslado y coordinación.
A
este respecto, el juez confía en que durante el próximo mes de vigencia
de la prórroga se pueda practicar esa diligencia. En ese tiempo, espera
recibir también los informes realizados
por la Guardia Civil sobre el material ya analizado.
El
volcado sucesivo de la información no implica, según se recoge en el
auto, un retardo del análisis de la misma porque la limitación de medios
personales hace que hasta que no
se concluya el trabajo con la ya volcada no se puede acometer la misma
labor sobre la restante.
Esta
circunstancia no impide que el Juzgado siga practicando diligencias en
las dos piezas que no están bajo secreto, en las que se investigan
hechos susceptibles de enjuiciamiento
separado.
Hasta
el momento, el “Caso Imelsa” se estructura en una pieza principal, en
la que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones
ilegales en varias administraciones de
la Comunidad Valenciana (Diputación, Ayuntamiento y Generalitat) y en
dos piezas separadas: la del blanqueo en el Consistorio valenciano en la
que
se investigan las donaciones
de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que
presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500
euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita
y la de las contrataciones de indemnizaciones
irregulares en el seno de Imelsa.
La
causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación,
fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y
blanqueo.
En el “Caso Imelsa” hay 115 investigados(personas
físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración
pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación
de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y
blanqueo de capitales en relación conuna
trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de
la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de
responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a
cambio de adjudicaciones fraudulentas.
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