El juez procesa también por blanqueo al exconcejal del PP Miguel Domínguez

El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha emitido un auto de rectificación para incluir al exconcejal y exdiputado autonómico del PP Miguel Domínguez en la lista de procesados por un supuesto delito de blanqueo de capitales en la pieza "A" del caso Imelsa, junto a medio centenar de regidores y asesores del grupo popular.

En su momento, la investigación contra Domínguez se elevó al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, por ser éste aforado en su condición de parlamentario autonómio, y quedó suspendida a la espera de que la causa abierta en Instrucción 18 avanzase.

De este modo, Domínguez se suma a la lista de concejales y asesores del Ayuntamiento de Valencia en la etapa de Rita Barberá que han sido procesados por blanqueo de capitales en las elecciones municipales de 2015, en una causa en la que el PP, como persona jurídica, también consta como acusado.

Los encausados presuntamente recibieron dinero negro por parte de algunos responsables del partido -1.000 euros cada uno de ellos- y lo blanquearon mediante transferencias bancarias en la cuenta de la propia formación para sufragar la campaña de las elecciones locales de 2015.

El magistrado también aprecia indicios de delito en la actuación del PP de la ciudad de Valencia como persona jurídica en el delito de blanqueo, aunque esa actividad fuera "opaca, aparentemente", a la estructura nacional del partido y la llevaran a cabo "pocas personas en el círculo más estrecho de confianza de la entonces alcaldesa" Rita Barberá, tal y como recoge el auto de procesamiento, que puede ser recurrido.

En este auto, el juez explica que en el periodo entre 2006 y 2009, el PP de la ciudad ingresó y destinó a las campañas electorales una cantidad de dinero y de recursos muy superior a la establecida legalmente "mediante procedimientos clandestinos de financiación que vulneraban flagrantemente los límites normativos de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG)".

La investigación se centra en la campaña electoral de 2015, para la que desde el grupo municipal popular se exigió a un total de 50 personas, todas ellas vinculadas, en ese momento o en el pasado, al grupo y al partido -desde la propia alcaldesa a concejales y asesores- una aportación de 1.000 euros, que les sería devuelta en mano en dos billetes de 500 euros.

Estos pagos, que se efectuaron "bajo la apariencia de aportaciones voluntarias", fueron realizados entre el 23 de marzo y el 16 de abril de 2015, en una cuenta no fiscalizada por el Interventor municipal, y que se mantenía, deduciblemente, al margen de la contabilidad del PP.

El juez entiende que todos los donantes participaron de este blanqueo, excepto una de las asesoras que devolvió el dinero recibido, y que todos ellos podían tener conocimiento de que el dinero podía tener su origen en una actividad delictiva.