El Juzgado abre Diligencias Preliminares contra la actual concejal de Ciudadanos Carmen Peris

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Moncada, en auto fechado el pasado día dos de junio ha decidido incoar la apertura de las Diligencias Previas nº 715/2015 contra Carmen Peris (Ciudadanos) tras la denuncia presentada por el Partido Popular de Alboraya.

Recordemos que la Junta Directiva del PP de Alboraya decidió presentar una querella que tiene que ver con la utilización, presuntamente fraudulenta, del Plan de Pago a Proveedores que estableció el Gobierno Central, para abonar a una empresa gastos que ésta reclamaba, y que ascendían a casi 600.000€.

El Plan de Pago establecido por el Ministerio de Hacienda establecía con claridad la prohibición de pagar intereses y/o gastos judiciales y la obligación para los proveedores de no reclamarlos por ninguna vía, debiendo renunciar expresamente a este punto para cobrar las facturas adeudadas.

Sin embargo, la anterior concesionaria municipal de agua potable y alcantarillado cobró cerca de 600.000.-€ (cantidad a la que debía renunciar para poder acogerse al Plan), al incluirse en la relación telemática presentada al Ministerio por indicación – presumiblemente – de la entonces Concejala Delegada de Hacienda, Carmen Peris.

La gravedad de los hechos podría aumentar si se tiene en cuenta que los técnicos municipales advirtieron de la irregularidad. En este sentido, la querella admitida recoge este aspecto “A pesar de por parte de los técnicos competentes del Ayuntamiento de Alboraya se informó y advirtió a la Concejal de Hacienda de la existencia de determinadas facturas no conformadas así como de la imposibilidad de incluir en el Plan de Proveedores, aprobado por el RDL 4/2012, los intereses y costas procesales, y del posible riesgo de alcance de las “facturas” pagadas sin que hubiese una correlativa prestación de servicios, la querellada siendo conocedora de que las cantidades acordadas en Sentencia, concretamente 237.709,46 euros de intereses y 350.000 euros de costas, quedaban fuera de lo expuesto en el artículo 3 anteriormente citado, con intención de que dichas cuantías fueran incluidas en el Plan de pago a Proveedores, decidió, dándoles apariencia como si de facturas se tratase e incluso otorgándole una numeración inexistente, actuar de forma falsaria dentro del ámbito de sus funciones incluyendo 2 “facturas inexistentes” en la relación integra de facturas pendientes de pago a Proveedores a sabiendas de que las mismas se correspondían con conceptos que quedaban fuera del ámbito del RDL 4/2012”.

En un principio el Partido Popular pensó que se podía tratar de un error en la interpretación que se hacía en el Ayuntamiento del Real Decreto Ley que regula el pago a proveedores. Pero esta hipótesis fue descartada al poder comprobar otros expedientes en los que sí que se obligó a otras empresas a la renuncia de cantidades reclamadas por conceptos idénticos a los pagados a la antigua concesionaria. Más aún si se tiene en cuenta que los cerca de 600.000.-€ pagados son un cálculo provisional sin que exista la pertinente liquidación judicial.

El Partido Popular recrimina a Carmen Peris el posible agujero en las cuentas muncipales mediante la presunta falsificación de facturas y su inclusión en el procedimiento de pago, cuando el Ayuntamiento se habría ahorrado por completo estas cantidades si se hubiera actuado según las normas del Ministerio, que implicaban la renuncia expresa de los intereses de demora por parte de los proveedores, como requisito indispensable para cobrar.