La justicia está investigando si dos ex alcaldes de La Pobla de Farnals apoyaron el aumento de edificabilidad en varias parcelas municipales contrario al Plan General de Ordenación Urbana, en un periodo en el que Josep Vicent Sanchis era alcalde del PSPV-PSOE, el ex alcalde comunista su concejal de Urbanismo, José Vicente Perisy la primera teniente de alcaldeJulia Moreno. La denuncia la presentó en su día el hoy concejal José Antonio Sorzano, quien recordó que ''la constructora Urbana Dos SL es la urbanizadora y constructora de la Unidad de Ejecución SU 5-1, unidad de ejecución, donde además de haberse levantado la actual residencia de Julia Moreno'' y varios familiares de Sanchis. Éste ha negado radicalmente estos extremos, asegurando que el pleno municipal votó a favor en base a dos informes técnicos.
Dicha denuncia, presentada en 2011, provocó que el 7 de enero de 2015 el juzgado de Instrucción número 1 de Massamagrell solicitara al Ayuntamiento que ''por el técnico correspondiente se aclare, en relación con el punto sexto de la denuncia presentada, si los ingresos efectuados por la mercantil Urbana Dos SL, se corresponden a las cantidades debidas por urbanización y unidades de aprovechamiento resultantes y si han sido satisfechos en su integridad todos los conceptos debidos''. En dicho punto, se advierte que se puso en conocimiento de la Fiscalía que en la unidad de ejecución SU 5-1 ''por lo visto se han generado 2.000 unidades de aprovechamiento que no han sido ingresadas en concepto de excedentes de aprovechamiento urbanístico en la Caja del Patrimonio Municipal del Suelo. La cantidad superaría los 600.000 euros'', al haberse fijado en 311 euros la valoración por Unidad de Ejecución.
El pasado 7 de abril, el juzgado vuelve a dirigirse al Ayuntamiento para solicitar ''el informe en su momento emitido por el arquitecto o técnico municipal competente, relativo al Estudio de Detalle presentado por Urbana Dos, aprobado en sesión del pleno del Ayuntamiento de 30 de abril de 2003 y que dio lugar a la concesión de licencia de ejecución de obras para las parcelas 1.4 y 1.5 de manzana 36 y parcelas 3.1 y 3.2 de manzana 48, concretando 11.817,85 Unidades de Ejecución''. Añade ''que se informe expresamente si el aumento de edificabilidad o mayor concreción de Unidades de Aprovechamiento, respecto de las determinadas en el proyecto inicial de reparcelación, en conforme al PGOU'' y que se concrete si ''las cantidades abonadas por Urbana Dos al Ayuntamiento en concepto de licencia por obras de urbanización, son todas las debidas o quedan cantidades pendientes de abono''.
Las diligencias previas iniciadas en 2011, iniciadas por Sorzano, se dirigen a José Vicente Sanchis, Julia Moreno y el ex arquitecto municipal Raúl Ramírez, siendo concejal de Urbanismo en la época investigada el primer alcalde comunista, José Vicente Peris.
Precisamente, un mes después, el 5 de mayo de este año, la arquitecta municipal respondía al requerimiento de la justicia con un informe demoledor, en el que advierte que el Estudio de Detalle en parcelas 1.4, 1.5, 3.1 y 3.2 de la UE-5.1, cuyo promotor es Urbana Dos y el arquitecto, José Antonio Valiente, ''no es conforme al PGOU -Plan General de Ordenación Urbana-, por cuanto considero que existe un error al realizar el cálculo de la edificabilidad permitida''. Según informe oficial de la arquitecta, remitido al juzgado, ''la edificabilidad permitida para el PGOU para las parcelas'' en cuestión ''aprobado por resolución de la alcaldía de 19 de noviembre de 2001, asciende a 9.036,15 metros2 t y no los 12.142,55 m2t señalados en el Estudio de Detalle''. ''Cabe señalar que la edificabilidad propuesta por el Estudio de Detalle para los nuevos volúmenes propuestos es de 11.772,25m2t, siendo igualmente superior a la edificabilidad permitida por el PGOU''. En total, son 2.746 metros cuadrados techo de más.
Como conclusión, según el PGOU y la ley urbanística valenciana LRAU, los Estudios de Detalle ''NO pueden aumentar la edificabilidad prevista por el Plan, por lo que el Estudio de Detalle en parcelas 1.4, 1.5, 3.1 y 3.2 de la UE-5.1 no es conforme ni al PGOU, ni a la LRAU''.
En este punto, Sanchis ha sido muy tajante, al criticar duramente que la arquitecta no tuviera en cuenta la modificación puntual que permitía el incremento de volumetría. ''Se elevaban las alturas y se permitía abrir una calle. Hubo una modificación puntual del PGOU en el que se basó el estudio de detalle. Dos informes favorables y el pleno municipal a favor, con el secretario municipal sin hacer ningún reparo. En definitiva, todo absolutamente legal. La pregunta es, ¿por qué la técnica hace este informe ahora sesgado, ¿por ignorancia o por qué''.
Sanchis recuerda también que todas las causas abiertas hacia él han sido archivadas, por lo que defiende su ''honorabilidad'' y la de su familia, ha señalado a El Periódico de Aquí.
Resolución de Peralta
Ante este proceso de investigación que sigue en marcha y todo lo requerido por el juzgado respecto a la época en la qu eNatividad Garcíafue alcaldesa tránsfuga de La Pobla de Farnals -a la que el fiscal anticorrupción le pide 9 años de cárcel junto aJosé Antonio Sancho, ex secretario municipal de Canet que cumple hoy siete semanas en la cárcel sin fianza-, el alcalde, José Manuel Peralta, hizo una resolución de alcaldía para entregar a todos los portavoces municipales, así como a los nuevos ediles electos, en el que propone una auditoría económica desde el año 2001, para que conozcan la evolución del Ayuntamiento hasta la actualidad.
En dicha resolución, se recuerda que hay procedimientos abiertos como ''las diligencias previas 2078/2011 (...) por las que se investigan distintas actuaciones urbanísticas ejecutadas en el municipio en los años 2001 a 2007; las diligencias previas 843/2013 (...) transformadas a procedimiento abreviado 32/2014, las cuales en la actualidad se están tramitando ante la Audiencia Provincial de Valencia como procedimiento abreviado 36/2015-J, por las que se están investigando hechos derivados de contrataciones producidas durante los años 2009 a 2011 para lucrarse con fondos públicos del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals conforme al escrito de acusación formulado por la Fiscalía Provincial de Valencia Sección de Delitos Económicos de fecha 25 de junio de 2014'', así como las diligencias previas 2281/2012 ''por las que se están investigando la contratación de obras relativas a la remodelación del Ayuntamiento años 2005 y 2006 y de las que, además de las posibles responsabilidades penales, se puede haber ocasionado un perjuicio económico para el Ayuntamiento''.
En la misma se resuelve proponer al pleno, así como a los nuevos concejales, hacer una auditoria económica ''en la que se examinen, entre otros aspectos, todos los ingresos, pagos, movimientos bancarios, facturación, generaciones de crédito por convenios urbanísticos, modificaciones de créditos generados en el Ayuntamiento, contratos de obra, avales y fianzas, así como cualquier otra actuación municipal de trascendencia económica desde el 2001 a 2015'', así como una auditoría urbanística ''en la que se examine la legalidad de las actuaciones urbanísticas llevadas a cabo en el municipio desde el año 2001 a 2015, tales como permutas, modificaciones de planeamiento, programas de actuación integrada, estudios de detalle, licencias de obras...''. Además, Peralta abogó por ''la regeneración democrática y transparencia, que ha sido ejemplar durante su mandato''.
Fuentes municipales han recordado que Sanchis, histórico dirigente socialista, tiene a su nuera en el número dos de la candidatura de Compromís, mientras que el alcalde comunista Peris estaba en el puesto 9 de la candidatura de Ciudadanos de la Pobla de Farnals, encabezada por el edil y abogadoPedro García. Tanto éste como Sorzano abandonaron la sala hasta que comenzó el pleno ''escoba'' convocado y se negaron a que el secretario del Ayuntamiento pudiese leer dicha resolución. Se da la circunstancia de que Natividad García hizo una resolución de alcaldía el 25 de mayo de 2009, en la que resolvió que el Ayuntamiento ''asumiese los gastos de asesoramiento y defensa en juicio de los asuntos que afecten a la gestión del miembro de esta Corporación, José Vicente Sanchis, durante su mandato como alcalde, designando a tal efecto a los letros Vicente Grima Lizandra, en materia penal, y el asesor urbanístico de Sanchis en aquella época', una resolución que Sanchis pidió por escrito el 23 de mayo de 2014. Éste realizaba informes jurídicos a favor de los planes planteados por el gobierno formado por Sanchis y Peris. ''Cuando acabe todo el proceso veremos cuánto le cuesta al Ayuntamiento todos estos años de defensa jurídica de Sanchis'', han señalado las mismas fuentes municipales.
Sanchis: ''Pataleta del alcalde''
El ex alcalde, Vicent Sanchis, ha explicado a El Periódico de Aquí que todo lo que se hizo en la época en la que fue alcalde era legal y que lo que se investiga contó con el ''acuerdo unánime del pleno y los informes técnicos'' correspondientes. Asegura que está totalmente tranquilo, que actuó siempre respetando la legalidad y que la filtración a la prensa se debe a ''una pataleta de Peralta de mal perdedor. Es una salida a la desesperada''.
García: ''Nerviosismo de Peralta''
Pedro García ha aclarado en declaraciones a El Periódico de Aquí ha querido aclarar lo sucedido en el pleno: ''se convocó para cerrar las últimas actas, por lo que no cabía que el alcalde leyera allí ninguna resolución. Eso es lo que le dije, que era una ilegalidad, y que me ausentaría mientras no se ciñese al orden del día. El secretario municipal me dio la razón''. ''Además -añade- creo que la resolución es fruto de su nerviosismo. En cuatro años no ha hecho no nos ha comunicado ni una sola resolución, solo un día antes del pleno. Se está acogiendo a un clavo ardiendo''. Respecto a la vinculación con Peris, García ha hecho hincapié en que Ciudadanos de La Pobla de Farnals ''no tiene nada que ver con el pasado. Peris va de número 9, un puesto simbólico, y además la denuncia que se presentó contra él quedó archivada y no tiene ninguna causa abierta''.
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