CRISTÓBAL AGUADO LAZA La forma de hacer
política con filosofías iluminadas que menosprecian el sentido común y no
tienen los pies en el suelo suele provocar el sinsentido de crear problemas
donde no los había y de impedir las soluciones necesarias. El último ejemplo lo
estamos viendo con el control del lobo o, mejor dicho, con el descontrol de la
gestión de toda la fauna salvaje que multiplica a niveles insostenibles los
daños a las explotaciones agropecuarias e, incluso, pone en riesgo la
integridad física de las personas.
La
indignación de todo el sector agrario en este asunto subió un nivel más al
conocer la decisión tomada por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y
la Biodiversidad de incluir al lobo en
el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre),
lo que implicaría, en caso de confirmarlo el Gobierno, prohibir la caza de este
depredador que en el último año ha incrementado hasta 15.000 los ataques a
vacas, ovejas, cabras o caballos. El desarrollo de la votación auspiciada por
la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, fue muy cuestionada, tuvo
que ser repetida, contó con los votos en contra de las comunidades autónomas
donde el lobo tiene su principal implantación y, por tanto, carece de la
necesaria legitimidad para salir adelante.
Además de
despreciar el consenso de las partes afectadas, tanto de las administraciones regionales
como del propio sector ganadero, víctima de los ataques, la orden elaborada por
Transición Ecológica se basa en un censo de población del lobo del periodo
2012-2014 que no refleja ni por asomo la situación actual. Sin duda, sería más
lógico conocer primero este censo actualizado, que ahora está en fase de
elaboración, porque según los datos que manejamos las organizaciones agrarias,
el lobo, lejos de estar en peligro de extinción, se encuentra en una etapa de
expansión, creciendo significativamente tanto en número de animales y manadas
cada año como en superficie geográfica.
Este martes
nuestra organización nacional ASAJA va a acudir a una reunión con el secretario
de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, con una petición innegociable: la
retirada inmediata de la orden ministerial que deja al lobo fuera de las
especies cinegéticas. A partir de ahí, las organizaciones agrarias mostramos
nuestra total disposición para trabajar con el ministerio en medidas que
permitan la coexistencia de la actividad ganadera y la fauna salvaje.
Estamos
convencidos de que la única forma de solucionar este disparate normativo es que
el Gobierno retire la polémica orden y que elabore un Plan de Actuación Global
sobre el Lobo que incluya un diagnóstico real y certero de la situación tanto
de este animal como de la ganadería; medidas de gestión y control de la
especie; medidas de prevención de los ataques y un programa de indemnizaciones
para los ganaderos que, en ningún caso, deben sufragarse ni con las ayudas de
la PAC ni con los seguros agrarios suscritos.
Para los agricultores
y ganaderos valencianos el ejemplo del lobo es un precedente peligroso que contribuye
a dificultar, más aún, la puesta en marcha de este tipo de actuaciones encaminadas a buscar un equilibrio
poblacional de los animales silvestres y a compatibilizar su protección con la
del propio sector, que estaría incluso más amenazado. Los expertos vaticinan
que, si la clase política sigue empeñada en legislar a espaldas de sus
administrados, es cuestión de tiempo, de pocos años, que el lobo acabe llegando
a la Comunitat Valenciana.
La
superpoblación de jabalíes, cabras montesas, conejos y buitres, entre otras
especies silvestres, ocasionó en 2020 unas pérdidas superiores a los 30
millones de euros en el sector agrario valenciano, un 20% más respecto al año anterior,
debido a la inacción de las administraciones por presiones ideológicas y a las
restricciones de la caza impuestas a propósito de la pandemia. No solo hablamos
de daños a los cultivos y del riesgo de propagación de enfermedades al ganado,
el problema no lo es únicamente del campo sino que también va a acabar saliendo
muy caro al resto de la sociedad valenciana. Los accidentes de tráfico donde
estos animales están involucrados se han multiplicado por siete en la última
década. Los destrozos en las urbanizaciones y núcleos urbanos son cada vez más
cuantiosos. Se han dado los primeros casos de ataques a personas: si con
jabalíes ya es preocupante, más lo sería con las manadas de lobos campando a
sus anchas por nuestro territorio. Para empezar a actuar con ‘trellat’,
¿esperamos a que hayan muertos por la acción de la fauna salvaje?
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