El concejal Grezzi, y el directorde la EMT, Josep Enric García Alemany. EFE/Försterling El mismo juzgado que investiga el conocido como caso Imelsa, sobre un
supuesto fraude continuado en la empresa pública de la Diputación de
Valencia, será el encargado de ver la causa sobre el supuesto desvío de
cuatro millones de euros en la Empresa Municipal de Transporte de
València (EMT).
Según fuentes municipales, el Juzgado de
Instrucción número 18 de Valencia, que mantiene abierta una decena de
piezas separadas del caso Imelsa desde hace casi cuatro años, será el
responsable de estudiar la información aportada por los gestores de la
EMT a la Policía Nacional sobre el referido fraude.
El fraude de 4
millones de euros denunciado por la EMT de València se habría cometido
falsificando las firmas de los dos apoderados de la empresa para ordenar
ocho transferencias con destino a la cuenta de un banco en China, en
concreto Hong Kong.
Por lo que se ha podido determinar hasta
ahora, solo una empleada está implicada en este fraude y ha sido
despedida recientemente por "incumplimiento grave y culpable" al no
custodiar información sensible como las firmas del director gerente,
Josep Enric García Alemany, y de la responsable del área de Gestión,
María Gallón, y sus DNI y no informar a sus superiores, como era su
deber, así como no poner en marcha el protocolo para ordenar esos pagos.
Las
transferencias, para las que se suplantó la identidad y direcciones de
correos electrónicos -entre ellos el del concejal Giuseppe Grezzi como
presidente de la empresa municipal-, se ordenaron desde una cuenta de la
EMT en CaixaBank, que funciona con un protocolo de firma mancomunada
electrónica de los dos apoderados, según han informado recientemente
fuentes del Consistorio.
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