Hace un tiempo atrás los gobernantes públicos potenciaban la participación ciudadana como medida para fortalecer una ciudadanía activa y responsable, como un avance hacia la cogobernanza de las políticas públicas y el poder de decisión de los ciudadanos.
Pero todo eso quedó en papel mojado. Si bien el concepto de participación ciudadana se entiende como una construcción social de las políticas públicas, en la actualidad tal participación en la gestión pública aún no es una práctica del todo consolidada. Es un deber y un derecho el que la ciudadanía deba y pueda participar en todas las etapas del ciclo de gestión de políticas públicas (Diseño y Formulación, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación). Más aún, para mejorar la calidad de las políticas públicas es de gran importancia que la participación ciudadana sea temprana y oportuna, es decir, que la misma esté presente desde el momento del diagnóstico de las problemáticas sociales que buscan solucionar las políticas públicas.
Al igual que cuando se celebran elecciones para elegir a los representantes en las instituciones públicas, se realiza una convocatoria electoral, imprimir unas papeletas, poner en marcha una serie de elementos: colegios, urnas, miembros de las mesas, propaganda electoral,… que tienen un coste económico importante y requieren una planificación previa.
De igual manera, para que se pongan en marcha mecanismos de participación directa, que puedan resultar eficaces y útiles, es necesaria su planificación. No es suficiente el mero enunciado del derecho o su inserción en los reglamentos y en las declaraciones de voluntad de los gobiernos locales, es necesario dotar de medios técnicos, económicos y metodológicos, de instrumental adecuado para que puedan realizarse y ser efectivos, lo que requiere una acción de gobierno clara y decidida para favorecer esa participación.
Esta falta da participación ciudadana es existente en Gandia, una ciudad que tras 40 años de socialismo, vive inmersa en las decisiones unilaterales del gobierno, que tan solo convocan a la participación ciudadana para interés propio, con el trabajo ya hecho y sin opción alguna a establecer el ejercicio de la propia participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas.
A modo de ejemplo podría nombrar la nula participación ciudadana en los presupuestos generales de la ciudad o en aquellas decisiones que competen a los diferentes consejos sectoriales, que por haber, hay un sin fin, pero sin contenido o poder decisivo sobre las políticas que ejerce el gobierno local en cada ámbito o área de gestión.
Estos consejos sectoriales no son un mero organismo para cubrir la cuota teórica de la participación ciudadana, sino que deberían aspirar, cada vez más, a tener un peso específico en la verdadera toma de decisiones que afectan a las políticas públicas.
Un verdadera participación ciudadana basada en la apertura, la participación, la corresponsabilidad, la eficiencia y la coherencia. Una participación ciudadana plural, diversa y que requiere de consensos.
Que esta participación ciudadana no quede en el olvido.