Oropesa
del Mar ha aprobado hoy en el pleno ordinario de marzo la propuesta
provisional del PGOU de la localidad, con lo que el plan urbanístico
será remitido de inmediato a la Conselleria de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración del Territorio. El dictamen ha salido
adelante con los votos a favor del PP, la abstención de Sí Se Puede
Oropesa y los votos en contra de PSPV, Compromís y Ciudadanos.
El
concejal de Urbanismo, Tomás Fabregat, ha detallado que el PGOU
establece como zonas de especial protección la Renegà Baixa, Torre
Bellver, el Bovalar y el Rajolar, zona esta última donde el equipo
de gobierno quería crear un parque de 500.000 metros cuadrados,
“pero ahora el Pativel inutiliza el sector”; una normativa que,
en opinión de Fabregat, “crea inseguridad e incertidumbre”. El
edil señaló que el plan urbanístico contempla dos millones de
metros cuadrados urbanizables menos que el anterior y de 1.500 a
2.000 viviendas menos. “Este PGOU proporciona una protección al
litoral que pocos municipios tendrán”, añadió.
La
corporación también aprobó, esta vez por unanimidad, una moción
de Compromís que muestra el desacuerdo de los grupos políticos con
el nuevo reglamento del dominio público hidráulico, una normativa
que al igual que el Pativel, explicó Fabregat, “invade
competencias municipales en materia de urbanismo, y así lo hemos
trasladado a la dirección del PP”, al tratarse de una normativa
impulsada desde el Gobierno central. El acuerdo unánime ha llegado
después de que se aceptara una enmienda del PP para eliminar el
tercer punto de la propuesta, que proponía interponer un recurso
contencioso administrativo contra el Real Decreto 638/2016 del 9 de
diciembre.
Otro punto
que logró el ‘sí’ de todos los grupos fue la propuesta de
acuerdo de declaración de los servicios sociales como servicios
esenciales, sumándose de esta manera a una iniciativa de la
Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) que implica
la contratación de más personal en el área de servicios sociales.
Estas contrataciones estarán apoyadas por un plan de financiación
de la Generalitat, explicó la concejala Mari Carmen Taulé.
En materia
educativa, el pleno dio luz verde a una moción impulsada por
Ciudadanos, que contó con los votos a favor del PP, para impulsar la
modificación del decreto del Consell por el que se establece el
modelo lingüístico educativo valenciano en enseñanzas no
universitarias. “Esta norma coarta la libertad de elección y
limita los estudios de los niños de la Comunitat Valenciana”,
explicó la concejala de Educación, Sonia Bellés.
Durante la
sesión también se habló de las plusvalías tras una moción de
Ciudadanos que pedía mecanismos para que los vecinos que no hayan
obtenido plusvalías por la transmisión de inmuebles puedan reclamar
devoluciones. Sin embargo, al ser una tarea que ya está llevando a
cabo el Ayuntamiento, todos los grupos políticos, incluido
Ciudadanos, han aprobado una enmienda a la totalidad firmada por
todos los portavoces para instar al Gobierno a estudiar junto a la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) la
modificación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.
Otras
propuestas aprobadas fueron la creación de un puesto de dedicación
parcial en el organigrama municipal; la concesión de la cruz al
mérito policial con distintivo azul al alférez del puesto de la
Guardia Civil en la localidad, Javier Chups; la organización de
actividades lúdicas el segundo sábado de cada mes por la tarde en
la plaza Mayor, con eventos de ocio, culturales e infantiles; las
cifras padronales a 1 de enero de 2016, que sitúan el número de
vecinos de la localidad en 9.245; y la actualización de la web
municipal en materia de transparencia y acceso a la información
pública.
No se
aprobó, por contra, una moción de Ciudadanos que instaba al equipo
de gobierno y a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio a tomar medidas para que los taxistas
del municipio puedan operar todo el año en la zona del aeropuerto de
Castellón con su inscripción en el área de prestación conjunta. Y
es que el alcalde, Rafael Albert, le ha demostrado que se está
trabajando en ello desde el 2016 y que en el pasado mes se contestó
a un escrito de la Conselleria informando de forma favorable a que
los taxis puedan operar en el aeropuerto y entrar en el área de
prestación conjunta. “Seguiré trabajando y apoyándoles hasta
conseguirlo”, aseguró.
En el
apartado de dación de cuentas, Albert dio a conocer datos muy
positivos. Así, el periodo medio de pago a proveedores es de 5,19
días, el interés de demora es cero y el remanente de tesorería
para gastos generales se eleva a 22.268.683 euros.
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