La portavoz de Compromís, Teresa García. EPDA El pleno del Ayuntamiento de Sagunt celebrado durante la tarde de ayer, martes 25 de julio, aprobó
la moción referente a la lucha de las instituciones públicas contra
algunas prácticas empresariales que atentan contra los derechos
humanos y el “blanqueo verde”, en especial aquellas prácticas
que se llevan a cabo en el municipio.
La moción, presentada por
Compromís, fue aprobada con los votos a favor de los partidos del equipo de gobierno, (Compromís, Esquerra Unida, ADN Morvedre y
PSPV-PSOE), Iniciativa Porteña y Ciudadanos, y con la abstención
del Partido Popular.
Tal y como recoge la
propuesta, se entiende el “blanqueo verde” como la desinformación
diseminada por una organización para presentar una imagen respetuosa
del medio ambiente, actuando como fuente de engaño hacia el
consumidor para que la percepción de los productos, los objetivos y
la imagen de la empresa sean percibidos como ecológicamente
amigables.
Asimismo, la moción aclara
que este tipo de prácticas evitan avanzar en la resolución de la
problemática ambiental que provocan las organizaciones, ya que
supone una acción de competencia desleal contra otras que sí
avanzan en una Responsabilidad Social y Ambiental.
En este sentido, y según lo
acordado tras modificar la propuesta y aprobar las enmiendas
realizadas por Iniciativa Porteña, el Ayuntamiento de Sagunt ha
acordado rechazar cualquier tratamiento institucional con aquellas
empresas que hayan financiado organizaciones terroristas para el
mantenimiento de sus actividades productivas cuando tales hayan sido
determinados por sentencia firme del Tribunal competente.
Asimismo, se rechazarán las
acciones de “blanqueo verde” que se lleven a cabo en la localidad
cuando por decisión judicial firme se confirmen las irregularidades
que se denuncian o enumeran en la exposición de motivos.
El Ayuntamiento de Sagunt también promoverá acciones formativas para las entidades cívicas
del municipio para prevenir sobre este fenómeno que evita una
verdadera mejora de la calidad ambiental y del respecto por los
recursos naturales en el municipio.
En la misma línea, se
añadieron dos enmiendas adicionales planteadas por Esquerra Unida, y
aceptadas por la ponente de la moción, Teresa García, que exponen
que el Ayuntamiento impugnará cualquier tratamiento institucional
con aquellas empresas que se beneficien del trabajo infantil y del
trabajo forzoso, así como de aquellas que fomenten la explotación
infantil y adolescente. También cualquier tratamiento institucional
que viole la legislación española e internacional sobre el comercio
de armas, así como entidades que financien a productores de armas.
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