El gobierno socialista de Mislata ha celebrado esta mañana
una rueda de prensa para dar a conocer los resultados de la auditoría de
contratación, el informe que analiza la legalidad de los contratos
administrativos de la anterior legislatura.
De todos los procedimientos analizados, el más extenso y detallado es el
de la concesión de los aparcamientos que acabó con la renuncia de Lubasa y la
polémica liquidación de 17 millones de euros. En sus conclusiones, los
auditores son contundentes: “la valoración de la liquidación de las obras no se
ajusta a la Ley de Contratos de la Administración Pública (RGLCAP)”.
Además del caso Lubasa, la auditoría revela en sus
conclusiones toda una serie de irregularidades y malas prácticas ligadas a los
procedimientos de contratación realizados durante el periodo 2007-2011. De los
contratos analizados por los auditores –sólo se analiza una muestra del total-
se desprende la existencia de “compromisos de gastos por un importe que excede
del límite de la contratación menor, para los que no se tramitó expediente;
fraccionamiento indebido de compromisos de gastos con un mismo tercero para
eludir el procedimiento de adjudicación; o adjudicaciones recurrentes a un
mismo proveedor mediante sucesivos contratos menores que, por su importe
global, tendrían que haber sido adjudicados por el procedimiento negociado o de
concurso”.
Todas estas irregularidades, denuncia la auditoría, fueron
recurrentes y de la muestra analizada por los auditores independientes “se
cifra una cantidad de 3,3 millones de euros adjudicados irregularmente a dedo.
Y esto es sólo una parte, si se hubieran analizado todos los contratos la
cantidad sería escandalosa”, ha asegurado esta mañana Mª Luisa Martínez,
concejala de Hacienda y portavoz socialista. Al igual que con el contrato de
Lubasa, el gobierno municipal también ha anunciado que analizará detalladamente
la información, “porque muchos de ellos tenían reparos e informes contrarios de
la interventora, de los que el PP hizo caso omiso, saltándose a sabiendas los
procedimientos de contratación”.
ENRIQUECIMIENTO INJUSTO
En cuanto al caso concreto de Lubasa, la ley decía que la
valoración debió efectuarse a partir de mediciones de obra ejecutadas en el
momento de la rescisión del contrato, tal como denunció en su día el actual
alcalde y entonces portavoz de la oposición, Carlos Fernández Bielsa. Esa
valoración de lo realmente construido no pudo hacerse, entre otras cosas,
porque como denuncia la auditoría, “la recepción de las obras es posterior a la
aprobación de la liquidación y al pago del primer plazo del convenio”, de seis
millones de euros. Además, pese a abandonar la concesión y dejar durante dos
años un socavón en pleno centro de Mislata, el PP de Mislata renunció a
exigirle a la empresa los daños y perjuicios ocasionados.
Esta mañana, Bielsa ha explicado a los medios de
comunicación que las conclusiones de la auditoría “nos dan la razón, al Grupo
Socialista y a la interventora municipal, que denunciamos una y otra vez que la
liquidación no se hizo bien y que existió un enriquecimiento injusto”. El
alcalde ha vuelto a insistir en que en esta operación se antepusieron los
intereses de Lubasa a los de los vecinos de Mislata y ha anunciado que los
servicios jurídicos están “analizando el alcance de todas estas irregularidades
y en el caso de que constituyan delito, el Ayuntamiento de Mislata, en defensa
de los intereses de los ciudadanos, del patrimonio municipal y del dinero de
todos, se personará ante el tribunal correspondiente para que resuelva”.
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