Plaza Mayor de Mislata. EPDA Los
años de crisis económica -provocada por el estallido de la burbuja
inmobiliaria- habían dejado latente en Mislata un problema que ahora
vuelve a estar de actualidad: los PAI's aprobados a principios del
nuevo milenio durante la etapa de gobierno del Partido Popular.
Conresa, Quint II y el Polígono T son los nombres de algunas de las
actuaciones urbanísticas que dejó aprobadas el PP -con la oposición
de PSOE y EU- y que no sólo agotaron el suelo municipal y
destruyeron la poca huerta que quedaba, sino que también
comprometieron la construcción de cerca de 2.000 nuevas viviendas.
Durante
estos últimos años, la caída de la demanda inmobiliaria había
provocado que los agentes urbanizadores de esos PAI's no hubieron
hecho efectivos sus derechos de edificabilidad. Sin embargo, las
circunstancias están cambiando y los promotores están empezando
ahora a solicitar licencias de construcción, que el Ayuntamiento no
puede negar porque se trata de actuaciones aprobadas en su día por
la Corporación Municipal, cuando el PP de Mislata gobernaba con
mayoría absoluta.
El
inicio de las obras construcción de nuevas viviendas en la plaza
Mayor ha generado cierto malestar entre la ciudadanía, resucitando
el fantasma de la herencia urbanística, en una ciudad que ostenta ya
una de las mayores densidades de población de toda Europa.
Obviamente, la indignación vecinal es compartida por el gobierno de
Carlos Fernández Bielsa, del PSOE, que en 2005 ya advertía desde
las bancadas de la oposición del caos que provocaría el modelo
urbanístico del PP, “basado
en la construcción desmesurada de viviendas de renta libre y en los
negocios multimillonarios de las empresas urbanísticas",
denuncia Bielsa.
El
PRI (Plan de Reforma Interior) de Conresa -nombre de la empresa de
refrigeración que había instalada en pleno casco urbano- fue
aprobado inicialmente a mediados de 2005 y sólo unos meses más
tarde, en diciembre, el gobierno del PP de Mislata llevó a pleno un
nuevo acuerdo sobre los aprovechamientos urbanísticos, aumentando de
7 a 14 las alturas de los edificios a construir en la plaza Mayor.
Según cita textualmente el informe entregado hoy por el jefe del
servicio de Urbanismo al alcalde, "como
consecuencia del aumento del techo edificable respecto del programa
inicialmente sometido a información pública, se establece una
compensación económica de 6.127.472€ y la obligación de ceder un
local de 800m2 o una compensación de 1.440.000€ (el Ayuntamiento
optó por esto último)".
En
resumen, el Partido Popular de Mislata aumentó la edificabilidad de
la plaza Mayor y dobló el número de alturas permitidas, aclara
Bielsa, "a
cambio de 7,5 millones, que en principio iban a ser para construir un
nuevo ayuntamiento, que sólo respondía a sus ansias megalómanas, y
que al final fue para pagar a Lubasa por los parkings, en la
operación económica más ruinosa de la historia de Mislata".
"Anular
un PAI ya ejecutado es inviable jurídicamente"
El
informe solicitado por el alcalde al máximo responsable del área de
Urbanismo del Ayuntamiento hace referencia a las posibilidades reales
de encontrar una solución a la herencia recibida: "Anular
un PAI ya ejecutado, además de ser inviable jurídicamente, de
realizarse daría lugar a compensaciones e indemnizaciones".
Y las cuantifica.
En
el caso de la plaza Mayor, informa el técnico municipal, "debería
considerarse la devolución de las cantidades recibidas (6.127.472€
+ 1.440.000€) y el valor de los solares existentes pendientes de
edificar (según valor catastral: 4.301.878,29€, 4.301.878,29€,
4.391.379,84€ y 4.391.990,77€), lo que da una cifra total de 25
millones de euros, a los que habría que adicionar los costes de las
modificaciones de planeamiento, procesales, intereses, etc...".
Y
esto sólo en el PRI de Conresa, el de la plaza Mayor. Si a las
cuentas se añaden los PAI's del Quint II y del Polígono T, la cifra
superaría los 50 millones de euros que avanzó hace unos días la
portavoz del gobierno municipal, Mª Luisa Martínez Mora. Unas
cantidades "inasumibles"
para el Ayuntamiento y que han obligado a la concejala a exigir al
portavoz del PP, Jaime López Bronchud, "un
mínimo de decencia política a la hora de abordar este asunto".
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