Amparo Folgado, PP de Torrent. EPDALa
portavoz del Partido Popular en Torrent ha afirmado que “necesitamos
que se apruebe el Plan Casado contra la ocupación de viviendas, que
permita recuperar el inmueble a sus propietarios en apenas 48 horas y no
en 30 días como establece la normativa actual“.
Estas
declaraciones las realiza tras conocer que en 2020 se han ocupado ilegalmente 41
viviendas, frente a las 30 ocupaciones de todo 2019.
Folgado
afirma que “la ocupación ilegal de viviendas es un grave problema en
Torrent que se debe atajar de raíz, mediante una ley que dé seguridad
jurídica a los agentes y puedan desalojar a quienes usurparon una
vivienda, en 48 horas”. Ya que, Folgado cree que existe impunidad frente
al delito de usurpación de una vivienda en estos momentos, “ocupar
ilegalmente una vivienda sale gratis en estos momentos y existen mafias
que se están aprovechando de ello, ocupando ilegalmente viviendas y
poniéndolas posteriormente en alquiler”.
La
propia Amparo Folgado tuvo que realizar hace unas semanas una mediación
en un chalet de Torrent, para ayudar a sus propietarios a recuperar su
vivienda. Una situación que tuvo final feliz, gracias a que se logró dar
difusión a esta ocupación ilegal, en los medios y en unos informativos
de televisión. “Es injusto que haya impunidad en estos momentos y se
juegue con el sudor de tantas familias que han estado décadas
invirtiendo todos sus esfuerzos en comprar o en alquilar una vivienda,
para perderla y que no puedan regresar a su casa”.
Además,
Folgado apuesta por “mano dura frente a los okupas, que deben saber que
si se okupa una vivienda, no van a poder recibir ninguna ayuda pública
para ellos ni para sus hijos”. Por eso, apremia a que los partidos
lleguen a un acuerdo y se pueda aprobar la ley que ha presentado Pablo
Casado en el Congreso, adelantándose al Ejecutivo y en las que habría
hasta penas de cárcel y desahucio de una vivienda ocupada ilegalmente en
48 horas.
La
portavoz del PP en Torrent también pide que “las leyes contemplen una
solución para las personas que ahora deciden ocupar ilegalmente una
vivienda, para que tengan otra alternativa por parte de las
administraciones y ante la falta de vivienda o que no puedan mantener la
suya, decidan no meterse en casa de otros”.
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