El PP de Torrent lamenta "la inseguridad ciudadana que sufre la ciudad"

 El Partido Popular de Torrent ha vuelto a denunciar el "alarmante aumento de la inseguridad ciudadana, que viene sufriendo Torrent en los últimos años, sensación que se ha acentuado tras los sucesos acontecidos en el cementerio parroquial el pasado 1 de noviembre".

Tal y cómo han apuntado desde este partido, la comisión de delitos en Torrent ha aumentado un 10% en los últimos 3 años. Según datos del Ministerio del Interior, hasta el 3er trimestre de 2021 se han cometido 1382 actos delictivos en la ciudad, frente a los 1253 en 2018 o los 1299 en 2019. En concreto, desde enero hasta junio del presente año, en Torrent se han producido 347 hurtos, 110 robos con fuerza en inmuebles y 5 delitos sexuales, así como 861 infracciones penales de otro tipo.    

La Portavoz de la formación, Amparo Folgado, ha expresado su indignación con esta situación que está yendo a más, ya que “desde el PP venimos alertando de la preocupante falta de inseguridad, que viene sufriendo la ciudadanía de Torrent, en los últimos años. El desinterés por parte del Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno, en cuanto al orden público, favorece la sensación de impunidad de los delincuentes y criminales”.

Los populares, "por enésima vez", han exigido: la vuelta de la Policía de Barrio, la finalización de los procesos selectivos al Cuerpo de la Policía Local, acabar con la política de recursos humanos de no renovar las comisiones de servicio de agentes en nuestra ciudad, mientras no se hayan cubierto las vacantes.

Además, instan a los responsables municipales, PSOE y Cs, a que exijan a la Delegación del Gobierno el refuerzo de efectivos para el Cuerpo Nacional de Policía en Torrent, así como una mayor presencia policial en las calles, tal y cómo sucedió durante los pasados estados de alarma.

En este sentido, la líder popular ha mostrado todo su apoyo tanto a la Policía Nacional como a la Policía Local en su labor diaria, tarea que desarrollan “sin el apoyo, incluso con el abandono, de las administraciones competentes en materia de seguridad, pero que permite que la situación de desprotección, aun siendo grave, no vaya a más, anteponiendo la integridad de los ciudadanos por encima de la suya propia”.