Nacho Carratalà en la puerta del Prop. //EPDASegún los populares de Torrent, el ya conocido como 'Caso Uniformes' de Torrent sigue dando mucho de que
hablar, y lleva camino de camino de convertirse en uno de los grandes caballos
de batalla de la oposición en Torrent.
El gasto de
205.000 euros en uniformidad, un proceso paralizado en la mesa de contratación,
una batalla legal por los colores permitidos en el decreto 114/2005 de la
Generalitat, la ausencia de certificados de calidad y finalmente la proposición
de adjudicación a la empresa más cara, han hecho del Caso Uniformes uno de los
principales problemas del gobierno socialista de Torrent.
El Grupo
Popular ya denunció en dos ruedas de prensa las “graves irregularidades” en el
proceso, que habían llevado a la letrada de la mesa de contratación a proponer
dejar el expediente “encima de la mesa” para su estudio.
Los populares han acudido al Síndic de Greuges para que
emita un dictamen sobre la legalidad de este proceso de contratación, ya que
afirman el proceso está “plagado de sombras” con multitud de irregularidades
administrativas.
El edil
popular Nacho Carratalá, responsable de la investigación de este tema afirma;
“Hemos solicitado al Ayuntamiento tanto un nuevo pliego que se ajuste a la
legalidad, como un nuevo procedimiento de contratación limpio y transparente,
que permita que todas las empresas se puedan presentar en igualdad de
condiciones. A día de hoy seguimos sin respuesta y por ello acudimos al Síndic
de Greuges para que emita un dictamen al respecto”
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