El PP de Torrent pide al Ayuntamiento que explique qué criterio está aplicando para cobrar las plusvalías

La portavoz del PP, Amparo Folgado, ha presentado por registro de entrada una batería de preguntas sobre la aplicación de la plusvalía por parte del Ayuntamiento de Torrent a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional que declara contrarios a la Constitución diversos artículos del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLHL).

Folgado ha declarado que “diferentes ciudadanos me han expresado su disconformidad con el pago de este impuesto que el consistorio les exige, ya que en sus casos, con la venta del inmueble no han obtenido ninguna ganancia, sino todo lo contrario, en su día lo obtuvieron por un precio superior por el que al final han tenido que venderlo”. En la mayoría de los casos, los vecinos adquirieron los inmuebles a través de una herencia de sus familiares y ahora, debido a la situación económica, se han visto obligados a vender por un precio inferior al de su valor original al no poder hacerse cargo del mantenimiento de estos, por lo que no ha existido ese incremento del valor objeto del impuesto.

“Los contribuyentes afectados por esta problemática, por un lado se han visto abocados a desprenderse de casas propiedad de sus padres por no poder mantenerlas, lo que conlleva un componente sentimental, y por otro han de satisfacer un impuesto sobre una ganancia que no han obtenido” afirma Folgado.

Por este motivo, la portavoz de los populares ha registrado una serie de preguntas al equipo de Gobierno local para aclarar que procedimiento está siguiendo el consistorio para aplicar este impuesto a los contribuyentes después del pronunciamiento del órgano superior interpretador de nuestra Carta Magna.

El 11 de mayo de 2017, el Tribunal Constitucional sentenció que el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido popularmente como plusvalía, es inconstitucional en aquellos casos en los que somete a tributación situaciones donde no se ha producido una ganancia por parte del ciudadano con la venta del inmueble, es decir, en aquellos casos en los que el precio de compra es inferior o igual al precio de venta; todo ello regulado en los artículos 107.1 y 107.2 a) TRLHL. También declaraba inconstitucional la previsión hecha en el artículo 110.4 TRLHL que imposibilitaba al ciudadano probar la no existencia de incremento de valor.

Por otro lado, una de las cuestiones planteadas por Amparo Folgado versa sobre los recursos planteados por los contribuyentes a las liquidaciones efectuadas por el Ayuntamiento sobre este impuesto al entender estos que no ha habido un incremento de valor del inmueble. En este sentido, la portavoz popular ha preguntado al gobierno de Ros si el ayuntamiento está estimando o no estos recursos, y en caso de desestimarlos cuales son los fundamentos jurídicos que el consistorio alega. En caso de que el ayuntamiento esté dando por norma general la callada por respuesta a estos recursos, además de abandonar sus funciones, podría causar un perjuicio mayor al consistorio al dejar abierta sin límite temporal la vía judicial a los contribuyentes disconformes, lo que puede conllevar una condena al consistorio por una errónea aplicación del impuesto.

Propuesta de modificación de la ley por parte del PP

En el año 2018, el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados presentó una Proposición de Ley para introducir en el TRLHL un apartado donde se recogiera la no aplicación del impuesto en los casos de no incremento o decremento del valor del inmueble en la venta. Esta modificación presentada por el PP iba encaminada a adecuar los artículos de la ley de Haciendas Locales a lo dictaminado por el Tribunal Constitucional, en definitiva, a adaptar la legislación tributaria a la realidad surgida tras la crisis económica. Esta beneficiosa iniciativa para la ciudadanía planteada por el Grupo Popular ha quedado en el olvido debido a la convulsa situación política vivida en nuestro país en los dos últimos años.