Eduardo Dolón El Grupo
Popular de la Diputación de Alicante ha denunciado ante la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la
Corrupción de la Comunidad Valenciana las posibles irregularidades que el
asesor Compromís en la Diputación, Ximo Perles, habría cometido a través
del uso indebido de los recursos públicos y que podrían haber infringido la
normativa vigente.
El escrito
presentado ante la Agencia Antifraude por el portavoz del Grupo Popular, Eduardo
Dolón, describe los hechos que podrían ser constitutivos de infracción de
conformidad con lo preceptuado en la Ley 11/2016 de la Generalitat Valenciana.
Por ello, el
portavoz del Grupo Popular pide que se abra un procedimiento a Perles y que se
diriman las responsabilidades por posible infracción y las sanciones que
corresponda. “Hemos enviado a la Agencia Antifraude la actitud del asesor de
Compromís en la Diputación de Alicante para que se fiscalice desde este
organismo que dice estar para cumplir la legalidad y garantizar la ética de las
instituciones públicas. No solo estamos ante un caso en el que como mínimo se
habrían saltado los principios éticos, sino también la normativa vigente”, ha
explicado Dolón.
Así, la
denuncia explica que el asesor del Grupo Compromís en la Diputación de
Alicante, Ximo Perles, que ejerce como coordinador del grupo en calidad de
personal eventual a jornada completa con un sueldo de casi 55.000 euros anuales
brutos desde el 9 de agosto de 2019, está dado de alta como letrado ejerciente
en el Ilustre Colegio de Abogados de Alicante (ICALI) estableciendo como
domicilio profesional su despacho en la Diputación de Alicante, un hecho de
dudosa responsabilidad que podría ser sancionado.
El escrito
alega que este hecho supone hacer uso de un bien inmueble de dominio público
como es el Palacio Provincial como despacho profesional para una actividad
privativa y por tanto para sus intereses particulares.
Pese a ser
personal eventual a jornada completa ha estado ejerciendo como abogado de
manera ordinaria sin haber solicitado la preceptiva compatibilidad en
diversos casos judiciales, donde ha firmado como letrado representando, entre
otros, Ayuntamiento de Xaló.
La denuncia
presenta un listado de las actuaciones judiciales en las que Perles ha
trabajado como abogado de forma particular acompañándose el escrito de toda la
documentación acreditativa y recalcando que todo ello sin perjuicio de que
pudieran existir otras actuaciones judiciales en las que haya tenido
participación.
El escrito
presentado ante la Agencia Antifraude recuerda que el ejercicio de actividades
profesionales laborales mercantiles o industriales fuera de las administraciones
públicas requerirá el previo reconocimiento de la compatibilidad, por lo que
Perles estaría incurriendo en una infracción tipificada en la Ley 53/1984 en
relación al Estatuto Básico del Empleado Público. Además, la conducta del
asesor de Gerard Fullana estaría vulnerando el Estatuto General de la Abogacía.
La actividad de
Perles tampoco fue comunicada al Ayuntamiento de Calpe, donde es
concejal, tal y como resulta de su declaración de actividades y bienes
publicada por este consistorio, donde solamente consta su actividad como
administrador, sin referencia alguna a su labor como abogado ejerciente.
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