La secretaria general del PPCV, Eva Ortiz. EFE/ArchivoLa secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, ha afirmado este martes que las ayudas a productoras vinculadas a "familiares directos" del president de la Generalitat, Ximo Puig, "ya salpican" a cuatro consellerias y afectan a un alto cargo del Consell, que ha sido citado a declarar por el juzgado.
El PP denunció en su momento que el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, había mentido en acto administrativo, cuando en abril de 2018 afirmó en una resolución que se había hecho el control correspondiente de las ayudas dadas a Mas Mut Producciones y Comunicació dels Ports, y que no había evidencias de irregularidades.
El juzgado desestimó la querella presentada por los populares, pero la Audiencia Provincial de Valencia admitió el recurso interpuesto por la portavoz adjunta del PP en Les Corts Eva Ortiz y ordenó investigar si el director general de Política Lingüística cometió un delito de falsedad documental, y ahora ha sido citado a declarar.
Según Ortiz, el caso implica a cuatro consellerias (Justicia, Turismo, Educación y Presidencia), y a dos comunidades autónomas (la valenciana y Cataluña).
Además, según la popular, hay cinco organismos públicos que han "denunciado o investigan" dichas ayudas, entre ellos varios tribunales de Justicia o la cadena pública À Punt, que tuvo que "paralizar una ayuda al detectar que pactaron precios", la Agencia Valenciana Antifraude o la Comisión Nacional de Mercados y Competencia.
La secretaria general del PPCV ha señalado que se trata de unas ayudas que están "en el punto de mira" por haber recibido ofertas que ahora se investigan y en las que estaban "de forma directa o indirecta los hermanos de Puig".
"Están en todas las salsas", ha manifestado Ortiz, quien considera que el primero que debe hablar, ante el "silencio" de Puig, es el director de Política Lingüística, "mano derecha del conseller Marzà, que en breve entrará en el juzgado para explicar algo que Puig se niega a explicar".
Al parecer, según Ortiz, las productoras excluidas de un concurso de À Punt e investigadas por Antifraude y la dirección general de Política Lingüística intentaron recibir ayudas de las consellerias de Justicia y Turismo "a través de una asociación de vecinos".
"Esta es una historia de intrigas, empresas paralelas, pactos en la sombra y dinero público ensuciado con artimañas que comprometen la gestión de Puig", ha manifestado.
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