María José Catalá atiende a los medios. EPDA El Grupo Municipal Popular está ya estudiando llevar a la Fiscalía
las contrataciones a dedo del Gobierno de Ribó y PSPV. Según se
desprende del informe del Tribunal de Cuentas, el 96,8% de las
contrataciones realizadas en el Ayuntamiento son de manera directa
por contratos menores, y por lo tanto adjudicados a dedo. En el año
2019 se formalizaron 2.448 contratos a dedo por las diferentes
concejalías del Gobierno por un importe de más de 14 millones de
euros. A ellos habría que sumar las empresas y organismos públicos
que no ofrecen aún los datos en el portal de transparencia.
El Tribunal de
Cuentas ha alertado, en su auditoría realizada del ejercicio 2016 de
grandes Ayuntamientos, que uno de cada cuatro contratos auditados del
Ayuntamiento de Valencia son supuestos de fraccionamientos de
contratos donde se utiliza la fórmula de
contratación directa o a dedo. También el de Valencia, de
todos los consistorios españoles auditados, tiene el récord en
número de contrataciones a dedo.
El propio Tribunal
de Cuentas dice que “son de carácter reiterado en el tiempo, y por
tanto perfectamente previsible, con una planificación adecuada
deberían haber sido tramitados de forma conjunta a través de
procedimientos ordinarios de preparación y adjudicación previstos
en la ley de contratos del Sector Público”.
La portavoz del
Partido Popular, María José Catalá, ha señalado que “las
contrataciones dedo al igual que los pagos por reconocimientos
injustos, pagos de servicios sin contrato, son ya una práctica
habitual del Gobierno de Ribó y sus socios del PSPV”.
En el año 2018 se
realizaron cerca de 10.000 contratos menores entre las diferentes
concejalías del Ayuntamiento de Valencia, bien directamente a través
de la propia delegación municipal, un total de 3.011 contratos
menores, o a través de empresas públicas, organismos o fundaciones,
un total de 6.620 contratos. Una media de más de 185 contratos
menores o a dedo a la semana son los que firma el Gobierno del
Rialto.
Catalá recuerda que
el alcalde Ribó y su equipo de Gobierno siguen con estas prácticas
a pesar de las continuas advertencias de la Intervención General del
Ayuntamiento. Hasta una decena de informes del Interventor Municipal
advierten a concejales y al alcalde que el fraccionamiento de
contratos menores es una práctica irregular.
MOCIONES DEL PP
El PP ha presentado
tres mociones al pleno. Una de ellas para pedir la destitución del
concejal Grezzi y del gerente de la EMT, así como para que Grezzi
deje de interferir desde la EMT en la delegación de Urbanismo de la
ciudad.
Otra de las mociones
es solicitar “financiación, a través de fondos europeos, para
desarrollar un proyecto piloto de dragado del lago de l’Albufera,
que será consensuado con expertos de las distintas administraciones
y sectores con actividad en el Parque Natural y para que la
Confederación Hidrográfica del Júcar garantice los caudales de
agua que necesita el lago”.
Asimismo, los dos
diputados autonómicos seguirán instando a la Generalitat Valenciana
para que incluya el mecenazgo medioambiental dentro del ámbito de
aplicación de la Ley 20/2018, de 25 de julio, de la Generalitat, del
mecenazgo cultural, científico y deportivo no profesional en la
Comunitat Valenciana, “a fin de establecer un marco normativo
favorable a la colaboración financiera privada en la conservación
de nuestros Espacios Naturales Protegidos”.
El Grupo Popular en
el Ayuntamiento de Valencia lleva al pleno una propuesta para cambiar
el sistema en la elección de los proyectos de inversiones en el
Decidim 2020-21. Entre sus propuestas es que los ciudadanos puedan
votar NO a los proyectos presentados durante la primera fase del
proceso.
También propone el
PP que al elegir los 60 proyectos que pasen a la segunda fase se
utilice el sistema de votaciones con puntos los diferentes proyectos
seleccionados. Así cada ciudadano que participe en el Decidim puede
puntuar de mayor a menor interés las inversiones, de manera que
siempre saldrán las de mayor interés para los vecinos.
Otra de carácter
urgente para que se reclame al Gobierno de España que el litoral de
la ciudad de Valencia sea declarada zona catastrófica (zona
afectada gravemente por una emergencia de protección civil), y que
se activen ayudas cuanto antes para reparar daños tanto de nuestras
playas como los negocios y viviendas afectadas.
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