El PP llevará a los tribunales la ley del Fondo de cooperación local

 El PP llevará a los tribunales la ley de la Generalitat que regula el Fondo de cooperación local, al estimar que es "ilegal" y "atenta" contra la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la ley de Bases de régimen local, mientras que el Botànic ha defendido que "cumple rigurosamente" la Constitución y tiene el aval del Consell Jurídic Consultiu y el apoyo del Estatuto.


La comisión de Justicia de Les Corts ha debatido este lunes el proyecto de ley, que ha contado con los votos a favor del Botànic, en contra del PP y Vox, y la abstención de Ciudadanos, sobre el que la oposición ha pedido que se elimine la cofinanciación del Fondo de cooperación municipal por las diputaciones provinciales, al considerar que deben ser receptoras.


El diputado del PP José Antonio Rovira ha indicado que están a favor de que haya un Fondo de cooperación municipal en la Comunitat Valenciana, pero la forma en que se ha redactado esta ley "atenta contra la independencia de las diputaciones" y contra la Constitución, el Estatuto y la ley de régimen local, por lo que la llevarán a los tribunales.


Ha asegurado que esta norma "atenta contra la autonomía financiera" de las diputaciones; ha reivindicado que la Diputación de Alicante cuenta con su propio fondo, al que destina "más dinero que el que le tocaría aportar aquí"; y ha cuestionado que el "único criterio básico" para repartir el fondo es la población, lo que "perjudicará" a los municipios pequeños.


La diputada de Ciudadanos Mamen Peris ha indicado que están a favor del Fondo, pero con "mejoras" en esta ley, como fijar ya los criterios de reparto y no remitir a un reglamento posterior, y ha acusado al Botànic de aplicar "el rodillo", lo que supondrá que esta norma no sea "afectiva" por la falta de consenso y además "puede acabar en el Constitucional".


A juicio de Peris, al final la ley se ha elaborado para "obligar" a entrar en este Fondo a la Diputación de Alicante, que ya aplica medidas como el Plan Más Cerca, por lo que ha acusado al Botànic de actuar de forma electoralista y de no apoyar el municipalismo al rechazar las enmiendas.


Para el diputado de Vox José María Llanos, se trata de una ley "inconstitucional", que persigue "el control" de las diputaciones, a las que se "exige" participar en una suficiencia financiera de la que "tienen que ser beneficiarias", por lo que no pueden "participar de esta ilegalidad".


Por el contrario, el diputado del PSPV Ernest Blanch ha aseverado que esta ley "cumple rigurosamente" la Constitución, tiene el "aval" del CJC y de la Abogacía de la Generalitat y el respaldo del Estatuto de Autonomía, y no entiende de colores políticos, sino que está pensada para que ningún municipio se quede atrás y todos puedan disponer de un fondo incondicionado.


Ha defendido que, desde que este Fondo se aprobó en 2016, han llegado más de 240 millones de euros a todos los pueblos de la Comunitat, pero los alicantinos han perdido 70 millones al no haberse adherido la Diputación de Alicante, y ha opinado que la alternativa del PP es "clientelismo y arbitrariedad", y "seguir dando lo que quiere a los amiguitos".


El diputado de Compromís Silverio Tena ha indicado que se trata de una ley "muy necesaria", que permitirá a los municipios tener recursos "estables, con unas reglas de distribución objetivas y justas", y ha cuestionado la postura de la Diputación de Alicante, que a su juicio supone una "clara discriminación" a los alicantinos.


Para Irene Gómez, de Unides Podem, es necesario un sistema de financiación local que sea "suficiente y estructurado", y esta norma profundiza en la garantía de esa estabilidad.