El diputado popular Jorge Bellver durante un pleno de Les Corts Valencianes. EFE/ArchivoEl grupo popular en Les Corts ha anunciado la presentación de enmiendas a los Presupuestos de la Generalitat para que el Consell destine partidas económicas a entidades vinculadas "a la defensa de lo valenciano", como Lo Rat Penat o la asociación Cardona Vives.
Además, han presentado una proposición de ley para impedir que reciban subvenciones las entidades, asociaciones y fundaciones cuyos fines persigan "objetivos contrarios al ordenamiento jurídico, al autogobierno, a la identidad cultural, histórica o lingüística" de la Comunitat, "o persigan la federación de comunidades autónomas".
Así lo han explicado en Les Corts a los medios de comunicación los diputados del PP Jorge Bellver y Luis Santamaría, acompañados por el presidente de Lo Rat Penat, Enric Esteve, quien ha acusado al Consell, la Diputación y el Ayuntamiento de València de "discriminarles" en las ayudas, pese a tener 140 años de existencia.
Bellver ha señalado que el Consell, diputaciones y ayuntamientos están "regando con dinero público" a asociaciones cuyo objetivo fundamental es "la defensa del catalán y de la cultura catalana" en la Comunitat, mientras dedica "cero euros" a entidades "centenarias" dedicadas a "la defensa de lo valenciano", como Lo Rat Penat.
Por ello, presentarán enmiendas a los Presupuestos de la Generalitat de 2019 para que se establezcan convenios de colaboración entre la Acadèmia Valenciana de la Llengua y Lo Rat Penat, la Cardona Vives y la Real Academia de Cultura Valenciana, para un programa de desarrollo sociocultural.
También pedirán que, dentro de la dirección general de Responsabilidad Social, en Presidencia de la Generalitat, se establezcan convenios con Lo Rat Penat y con la Cardona Vives de Castellón, todo ello dotado con 250.000 euros en total.
Santamaría ha defendido que parte del presupuesto de la Generalitat para la promoción del valenciano vaya a entidades "con mayor tradición en la defensa de la lengua", que actualmente son "maltratadas por las administraciones públicas", mientras se da "más de un millón de euros" a entidades con estatutos "contrarios al ordenamiento jurídico".
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