El PP pide que se declare nula la licitación de las obras del centro de recepción de menores de Llíria por falta de crédito e incumplimiento del convenio

El Partido Popular de Llíria pide que se declare nula la licitación de las obras de rehabilitación del edificio de El Prat, en el que se albergará el centro de recepción de menores de la provincia de Valencia, "por insuficiencia de crédito así como por la imposibilidad de que se cumpla el convenio suscrito, en junio de 2017, entre el Ayuntamiento de Llíria y la Diputación de Valencia", según han señalado desde el PP local.

La interposición del recurso de reposición presentado no frena el acto administrativo de la licitación. Ahora serán los técnicos municipales los que tendrán que resolver en el plazo de un mes si consideran sustanciada la solicitud de los populares.

La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Llíria, Reme Mazzolari, que lo puso en conocimiento de la Secretaría municipal, explicó que “la firma del convenio entre ambas administraciones, local y provincial, para la financiación de las obras de construcción del centro de recepción de menores recoge la cantidad de 910.478,50 euros y el coste de la construcción ascenderá, según los últimos informes, a 1.755.517,15 euros, por lo que la diferencia entre ambas cantidades será a coste del Ayuntamiento de Llíria”.

Fraccionamiento del objeto del contrato

De la misma manera, la portavoz popular ha denunciado un “fraccionamiento del objeto del contrato para construir por fases lo que es un único proyecto”. Así, el Gobierno de Manolo Civera ha licitado las obras de la que llaman primera fase porque el Consistorio edetano “no tiene más dinero”.

La Ley 9/2017, de Contratos de la Administración Pública dice que los contratos de obras se referirán a una obra completa, entendiendo por esta la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra.

“A pesar de los títulos que el Consistorio incorpora, no existen dos proyectos independientes relativos a cada una de las presuntas fases, ni tampoco aquellas fases que misteriosamente aparecen definidas en el apartado ‘Presupuesto’ de proyecto, son susceptibles de utilización independiente, en el sentido del uso general o del servicio”, ha remarcado.

Falta de recursos económicos

El proyecto técnico de ejecución de fecha 8 de agosto de 2018, registro de entrada 2018 14782, para la habilitación del edificio establece un presupuesto total de las obras de 1.755.517,15 euros. “Una vez acreditada la imposibilidad de dividir la obra por fases, sobreviene la falta de crédito presupuestario para proceder a la licitación de las obras, que determina el proyecto de ejecución para habilitar el edificio y permitir su uso tanto parcial como total”, ha indicado Mazzolari, quien ha insistido en declarar “la nulidad del procedimiento de licitación de las obras porque no hay recursos económicos suficientes para ejecutar el proyecto completo”.

Competencia impropia

La portavoz popular ha advertido que “no cabe la atribución a un ayuntamiento de una competencia propia de la Diputación, pues ello no esta permitido en nuestra legislación” y ha añadido que “la delegación de esta competencia es únicamente la construcción de tal infraestructura, y no la gestión, por lo que se ha efectuado en fraude de ley, y al margen de los principios rectores de nuestro ordenamiento”.

Sin la aprobación de la Conselleria

Mazzolari ha advertido que “la obra se realice para instalar un servicio de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas sin que esta haya aprobado el proyecto”. En esta línea, ha explicado que “se debería, al menos, contar con un informe favorable al proyecto de ejecución que se licita, emitido por los servicios técnicos de la Conselleria competente en la materia”.

“Informe este que tras consultar el expediente no se ha encontrado en el mismo, por lo que podría darse que acabada la obra, esta no cumpliera con algunas de las estipulaciones técnicas específicas de la Conselleria y ello a pesar de que el autor del proyecto indique cumplir las directrices de los servicios técnicos de la Conselleria, pero no justifica el cumplimento de los mismos en ningún apartado, ni tampoco hace mención expresa de qué requisitos se trata”, ha señalado.

En este sentido, la dirigente popular se ha preguntado “¿vamos a construir un centro con deficiencias, que no cumpla con las expectativas de la Conselleria para este tipo de construcciones? ¿Qué sucedería si no cumple los requisitos? ¿Asumiría el Ayuntamiento de Llíria el coste íntegro de la obra por no cumplir con el convenio firmado?”.

Por lo tanto, Mazzolari ha remarcado que “no podemos dejar al azar una cuestión de tal envergadura, por lo que debería haber un informe de Conselleria donde se indicara que el proyecto, cuya ejecución se pretende, cumple con la normativa y se adapta a lo solicitado por esta”.