La secretaria general del PP-CV, Eva Ortiz. EFE/Archivo
El PP ha pedido en Les Corts que se inicie un expediente
sancionador contra el president de la Generalitat, Ximo Puig, por no abstenerse
en la "votación del decreto del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF)
sobre la quita de la deuda al grupo Zeta", del que Puig es accionista.
La secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, ha manifestado en rueda de prensa
que Puig ha incumplido el Código de buen gobierno y la ley de
Incompatibilidades, y "ha incurrido en infracciones muy graves". Según Ortiz, la adhesión de Puig al Código de buen gobierno le obliga a
presentar una declaración de bienes e intereses y a mantenerla actualizada en
caso de que se produzcan variaciones en las acciones o participaciones que
posea, "algo que aún no ha hecho".
Ortiz ha explicado que en la declaración pública de Puig "aparecen aún las
acciones de Pecsa, sin reflejar el cambio societario del que se ha
beneficiado". Por tanto, la dirigente popular ha considerado que el president "miente en
esa declaración e incumple el Código de Buen Gobierno al que se adhirió, sin
que haya dado explicaciones todavía".
Según ha explicado, la Ley de Incompatibilidades y Conflicto de Intereses que
aprobó el Botànic señala que el president de la Generalitat "deberá
inhibirse del conocimiento de asuntos que interesen a empresas o sociedades en
las que hayan realizado funciones de dirección, asesoramiento o
administración". Además, ha añadido, señala que deberá abstenerse cuando tenga interés personal
en el asunto que se vaya a aprobar o en otro en cuya resolución pudiera influir
la de aquel.
Ortiz se ha preguntado "cómo se puede defender que el president de la
Generalitat no tenía interés personal en el asunto cuando llamó personalmente
al director del IVF interesándose" por él. "Es evidente que el señor Puig, tenía interés en la aprobación del decreto
a medida y, por tanto, tenía que haberse abstenido, máxime cuando ese decreto
incluye una cláusula de retroactividad a medida para esa empresa", ha
manifestado.
La secretaria general del PPCV ha pedido saber "qué día, cómo y por
qué" habla Puig con el director del IVF, Manuel Illueca, "para
interesarse por esta operación en la que sus acciones cambian de valor de forma
importante", pues las acciones de Puig "no valen lo mismo antes que
después de esta operación". Ortiz ha destacado que, según la ley, la abstención es "preceptiva "y
deberá efectuarse por escrito y ser notificada a la Oficina de Control de
Conflictos de Intereses, pero "es evidente que el señor Puig no se abstuvo
de la votación que aprobó el decreto del que tanto se ha beneficiado".
Según ha explicado, la misma ley tipifica en el artículo 15 como infracción muy
grave el incumplimiento del deber de abstención o inhibición cuando
corresponda, y prevé sanciones como el cese o la prohibición de ser alto cargo
entre cinco y diez años. "Las leyes y los decretos están para cumplirse y si el president no lo
hace deberá asumir responsabilidades", ha firmado Ortiz, quien ha
destacado que, mientras el IVF "hace quitas a empresas en la que Puig
tiene intereses, le cobra un 2 % de intereses a las entidades sin ánimo de
lucro por los impagos de Mónica Oltra".
La dirigente popular ha recordado finalmente que el PSPV modificó la ley que
permitió a Puig "mantener su porcentaje de participación en la empresa que
ha sido absorbida, al elevar el porcentaje máximo de acciones de los altos
cargos del 0'5 % al 10 %".
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