Finalmente
será la fiscalía anticorrupción la que decida si el “Caso Uniformes” es
constitutivo de delito. Tras varios meses de investigación y denuncias, los
populares anuncian que han trasladado todos los datos de la contratación a la
fiscalía anticorrupción, para que se investigue y se diriman las
correspondientes responsabilidades.
Los populares llevan
meses denunciando que el PSOE podría estar tratando de favorecer a una empresa
en concreto pidiendo una uniformidad que no se encuentra regulada, y de la que
solo dispone una única empresa.
En esa línea ya se
manifestó el secretario del Ayuntamiento de Torrent, máximo responsable
jurídico del mismo, en un informe del 24 de Febrero solicitado por los populares,
indicó que las prendas del pliego adjudicado en Torrent no se ajustaban a la
legalidad
El “Caso Uniformes” se
conoció en Torrent en septiembre, no obstante ya ha “salpicado” a otros
municipios como Requena o Paterna, en este ultimo también la secretaria del
ayuntamiento pone en duda “las condiciones de legalidad del contrato”.
El sindicato CCOO, que
reacciono al “Caso Uniformes” tras las denuncias del PP de Torrent, habla
directamente de “ilegalidad de la uniformidad”, denunciando abiertamente “movimientos
interesados por parte de fabricantes y empresas”. Mientras que la Agencia de Seguridad y
Respuesta a las Emergencias de la Generalitat remitió un escrito al Alcalde el 14
de Marzo donde se dice textualmente: “en
referencia al equipamiento de la uniformidad de la Policía Local de su
ayuntamiento, le comunico que la misma debe ajustarse a lo establecido en el
Decreto de 114/2005”
En los tres municipios
afectados gobiernan los socialistas, y en los tres municipios los problemas de
contratación irregular han surgido con la misma empresa.
Nacho Carratalá, edil
popular de Torrent que descubrió la trama, ha manifestado “El mismo problema en tres ayuntamientos socialistas, con
la misma empresa, está lejos de ser una casualidad. Nosotros estamos denunciando
desde hace tiempo que algo aquí no va bien, y por ello lo hemos puesto en manos
de la fiscalía”
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