María José Ferrer San Segundo./Foto archivo EPDA El Partido
Popular de la Comunitat Valenciana ha exigido al President de la Generalitat,
Ximo Puig, y a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, que desbloqueen “de
una vez los cursos de formación obligatorios de nuevos agentes de policía
local, necesarios para que cientos de Ayuntamientos puedan incorporarlos a la
seguridad y protección de sus municipios”.
La
Vicesecretaria
de Territorio, Comunitat y Cultura del PPCV, entre cuyas áreas está la de
‘Interior’, María José Ferrer San Segundo, ha censurado que el Consell
de Ximo Puig “haya suspendido, 48 horas antes de empezar y de momento ‘sine
die’, los cursos de formación del IVASPE -Instituto Valenciano de Seguridad
Pública y Emergencias- dependiente de Gabriela Bravo, desmantelado por el
abandono masivo de Instructores de la academia, al estar desde 2019 sin cobrar
de la Generalitat”.
La dirigente popular ha afirmado que “en un
momento donde los problemas de seguridad se extienden por la Comunitat, el
Consell de Puig se dedica a maltratar a los trabajadores del
IVASPE y, como consecuencia, a bloquear la incorporación
de más
de 200 nuevos policías que necesitan realizar estos cursos obligatoriamente
para poder incorporarse a sus municipios, que en
estos momentos no pueden disponer de los efectivos policiales necesarios por la
improvisación y dejadez de Puig y Bravo”.
El PPCV ha denunciado que “la descoordinación, incompetencia, mala
gestión, falta de planificación y negligencia de Puig y
Bravo ha provocado que haya cientos de ayuntamientos afectados, al ser
requisito previo para incorporar nuevos policías superar estos cursos
habilitadores de 700 horas, justo cuando la inseguridad crece en nuestras
calles y son además tan necesarios para supervisar el cumplimento de las
medidas Covid”.
Para Ferrer San Segundo “Puig, Bravo y su equipo son responsables directos de esta
torpeza de la que desde el Grupo Popular veníamos avisando desde hace tiempo en
Les Corts, ante lo que no han hecho absolutamente nada para
evitarlo”. “A ello se añade la desaparición
del CEMPOL
(Centro de Coordinación de Emergencias Policiales), que cesó también en su
actividad al acusar quince meses de impago, con lo que se está poniendo en una
situación insostenible la seguridad de muchos municipios de la
Comunitat Valenciana”.
Irresponsabilidad
Asimismo, la dirigente popular ha
calificado de “desvergüenza
e irresponsabilidad” que desde la Generalitat “se haya intentado
camuflar la suspensión precipitada del curso dos días antes de celebrarse, con
el falso pretexto de que lo han pedido alcaldes y alcaldesas, sin dar más
explicación. Así que instamos a que, de inmediato, se hagan públicas tales
pretendidas peticiones, los motivos aducidos y los municipios a que se
refieren, porque sería doblemente grave que, además
de gestionar
pésimamente, mientan”.
Además,
Ferrer San Segundo ha recordado que “el perjuicio para los afectados por la
paralización del curso es grave, puesto que no sólo les impide la incorporación
a sus puestos de trabajo público tras superar las oposiciones, sino que además
muchos habían contratado alquileres para poder asistir al curso suspendido, con
el consiguiente perjuicio económico”.
La vicesecretaria popular ha señalado que “la
negligencia y el retraso se han instalado como norma de funcionamiento del
IVASPE de Gabriela Bravo, pues no solo suspenden los cursos básicos, sino
también los de perfeccionamiento y ascenso de las policías
locales”.
Pero es que, además, -ha proseguido- “este retraso determina la demora de los
cursos que se tenían que realizar posteriormente, por lo que son cientos los
agentes afectados, y como consecuencia, los municipios en cuyas plantillas
tenían que incorporarse tras realizar el curso obligatorio”.
“La falta de planificación y demora se extiende también a gestionar el
visto bueno a las bases que regulan los procedimientos en cada municipio, por
aplicación de la Ley 17/2007, lo que es competencia de la Agencia Valenciana de
Seguridad y Respuesta a las Emergencias. O más bien incompetencia, porque están
demorando las contestaciones como mínimo 3 o 4 meses,
dilatando en exceso un trámite que debería ser urgente, porque
lo es la seguridad, lo que paraliza también los procesos selectivos. Porque el
Consell no dota de los recursos de personal necesarios para realizar esta labor
con la celeridad que necesitan los Ayuntamientos. Por todo ello hay cientos de
municipios afectados por retrasos y más retrasos”, ha resaltado Ferrer San
Segundo.
La responsable popular ha señalado también que “esta situación no se
había producido en los 30 años de historia del IVASPE, centro de referencia en
toda España durante años, al que han puesto en
una tesitura insostenible porque no
saben gestionar.”
Así, Ferrer San Segundo ha desvelado que “desde hace dos años no hay
dirección, la jefa de estudios está de baja
hace meses, los instructores no cobran desde 2019 y todo el funcionamiento
recae a día de hoy en una sola auxiliar administrativa. Y todo
ello es lesivo tanto para los agentes de policía local en expectativa de poder
incorporarse a una plantilla municipal, como para los Ayuntamientos que
necesitan disponer de ellos.”
Finalmente, ha denunciado que “por esa acumulación de despropósitos,
están poniendo en riesgo la seguridad de los vecinos de muchos municipios de la
Comunitat Valenciana. Así, que Sr. Puig: menos
Commonwealth con los aliados del ‘procés’ y más trabajo diligente para proteger
a nuestros ciudadanos, en un momento donde los problemas de protección
sanitaria y de orden público se multiplican”, ha concluido María
José Ferrer San Segundo.
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