Alicia Piquer. No
conozco a ninguna concejala de igualdad, ni a ningún concejal que
algunos hay, que no tema que algún día se produzca un asesinato
machista en su municipio; que cuando se cruza con las pandillas de
adolescentes no se pregunte si conviven con respeto y no se están
produciendo relaciones tóxicas y de control con las chicas. No
conozco a ninguna que no piense en la cantidad de actividades y
proyectos que podría impulsar si tuviera más recursos y a cuántas
posibles víctimas podría ayudar.
El
28 de septiembre de 2017, el pleno del Congreso de los Diputados
aprobó sin ningún voto en contra el Informe de la Subcomisión para
un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. Y en agosto de
2018 se aprobaba un Real Decreto de medidas urgentes para el
Desarrollo del Pacto de Estado que incluía la modificación de la
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local para que los
ayuntamientos tuvieran competencias en las actuaciones de promoción
de la igualdad y en la lucha contra la Violencia de Género. Además,
en el mismo RD se regulaba la distribución de los fondos destinados
a los Ayuntamientos, 20 millones de euros que en el proyecto de
presupuestos para 2019 eran el doble.
La
lucha contra la Violencia de Género es el principal problema al que
nos enfrentamos como sociedad, lo dijo el president Puig en la sesión
de investidura poniendo el problema en la agenda gubernativa para
esta legislatura, pero es en el ámbito municipal donde reside la
mayor responsabilidad de transformación social para erradicarla,
porque nosotras conocemos a nuestras vecinas, a nuestra ciudadanía
de menor edad, la vemos cada día y la vemos crecer reproduciendo
conductas machistas. Y es en los municipios donde confluyen el resto
de administraciones, educativa, sanitaria, policial o de servicios
sociales que están obligadas a coordinarse y colaborar para
conseguir su eliminación.
Los
responsables municipales de los partidos que votaron en contra del
proyecto de presupuestos del Gobierno (PP, Ciudadanos e
independistas) entiendo que participan de las mismas preocupaciones y
restricciones presupuestarias que los del Partido Socialista, como
nosotros, deben conocer a sus vecinas y a la población adolescente
de sus municipios. Me sorprende, sin embargo, que no sean capaces de
trasladar a sus diputados y diputadas lo que les perjudicó el voto
en contra. Más allá de la pérdida de una considerable cantidad
para municipios de tamaño medio (en el caso de Rafelbunyol
hubiéramos recibido alrededor de 36.000 €) hemos tenido que
aparcar muchas oportunidades de transformación real de conductas y
aumentar los recursos a la protección de las mujeres.
El
10 de noviembre volveremos a ir a las urnas a causa de ese voto en
contra y unos días después, el 25N se conmemorará el Día contra
la Violencia de Género, espero que los resultados garanticen una
mayoría socialista y podamos tener unos presupuestos en 2020 como
eran los PGE2019. Es lo que me viene a la cabeza cada vez que me
cruzo por la calle con una mujer víctima o con un adolescente
machista.
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